Elecciones 2023, ¿punto de quiebre?

El Índice Democrático es un promedio ponderado basado en las respuestas de ciudadanos a un cuestionario de preguntas de selección múltiple que miden la confianza ciudadana respecto de cinco áreas de evaluación: El proceso electoral y el pluralismo; el funcionamiento del gobierno; la participación política; la cultura política; y las libertades civiles. Los resultados, de 1 a 10 puntos, se utilizan para ubicar a los países en uno de los siguientes 4 regímenes políticos: Democracia plena (superior a 8 puntos), democracia defectuosa (mayores de 6 y menores de 8 puntos), régimen híbrido (mayores de 4 y menores de 6 puntos); y régimen autoritario (menores o iguales a 4 puntos).

La democracia plena supone la protección y defensa de los derechos individuales (civiles y políticos); la celebración de elecciones periódicas, libres y justas; la existencia de una conciencia política desarrollada; el funcionamiento satisfactorio de las instituciones del Estado; la vigencia de una justicia oficial independiente e imparcial; y la garantía de libertad de prensa. La democracia defectuosa, por su parte, conlleva la celebración de elecciones, pero no son plenamente libres y justas; existen cortapisas a la libertad de prensa; se respetan las libertades civiles en general; hay problemas de gobernabilidad; la conciencia política no es madura; y la participación política es mediocre. Bajo el régimen híbrido, la autoridad electoral está politizada y no garantiza un proceso electoral totalmente transparente y justo;  los índices de corrupción e impunidad son elevados; el funcionamiento del Estado es insatisfactorio y cuestionado; la represión en contra de  disidentes y opositores es la norma; la politización de la justicia y la judicialización de la política son comunes; y la violación de los derechos humanos es generalizada. Finalmente, el régimen autoritario se caracteriza por la concentración de poder, el abuso de autoridad, la opresión y el despotismo; las elecciones son manipuladas y fraudulentas; se impone la ley mordaza a la prensa; la propaganda oficial es el único medio de información; los críticos y disidentes son golpeados, encarcelados o exiliados; impera el derecho penal del enemigo, del sospechoso, del peligroso; y la justicia oficial actúa como instrumento de disuasión y castigo de los desafectos y enemigos. 

En el Índice Democrático 2022, Guatemala se ubicó en el puesto 98 dentro de 166 países (miembros de la ONU) evaluados, con 4.68 puntos, obteniendo su mejor puntuación en la categoría de proceso electoral y pluralismo (6.92) y de libertades civiles (6.18), mientras que en los demás indicadores se ubicó por debajo de 4 (funcionamiento del gobierno y participación política) y de 2 (cultura política). O sea, nuestro país se enmarca dentro de los “regímenes híbridos”. Por cierto, en 2006, Guatemala obtuvo 6.07 puntos y se ubicó entre los países con democracia defectuosa, por lo que la democracia se ha venido degradando y corrompiendo en los últimos 20 años. De hecho, cabe recordar que el gobierno guatemalteco fue excluido de la Cumbre por la Democracia, celebrada en diciembre de 2021, en la cual se debatió cómo lograr una “renovación democrática”, a través de la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción o el respeto de los derechos humanos.

Por tanto, sostengo que si, en 2023, no se garantiza el ejercicio de los derechos de elegir y ser electo, la celebración de elecciones generales libres, limpias y justas, el debate y la competencia electoral en igualdad de condiciones, así como la pacífica alternancia en el poder, el régimen político guatemalteco inexorablemente podría decaer hasta el despotismo con fachada democrática.