La banca se va a convertir en la pieza clave del último entramado diseñado por la Seguridad Social para garantizarse el cobro de las deudas que le deben profesionales y empresas . El organismo dirigido por José Luis Escrivá pondrá en marcha en próximas fechas un mecanismo informatizado que le permitirá intervenir de forma masiva las TPV -los dispositivos a través de los cuales se realizan los cobros con tarjeta- de los negocios que mantengan deudas con la Seguridad Social por un importe superior a los tres euros que estén ya en vía de apremio, es decir, que ya hayan sido reclamadas en varias ocasiones. La Tesorería General de Seguridad Social ya venía utilizando la estrategia de retener los pagos con tarjeta a negocios para liquidar las deudas de estos con la Seguridad Social, pero de una forma no sistematizada, emitiendo diligencias de embargo individuales a las entidades financieras para requisar los ingresos por vía electrónica de los profesionales y las empresas con cuentas pendientes con el organismo. Según fuentes conocedoras del procedimiento, este resulta particularmente engorroso desde el punto de vista administrativo, ya que requiere la emisión de notificaciones individuales a cada una de las entidades financieras para dictar el embargo de las cuentas y la correspondiente intervención de los ingresos obtenidos via TPV hasta la satisfacción de las deudas pendientes, y exige la respuesta inmediata de la entidad lo que genera un enorme esfuerzo de gestión. Alcance masivo El objetivo del nuevo mecanismo es, según se recoge en la resolución de la Tesorería General de Seguridad Social publicada ayer en el BOE, «agilizar la práctica de este tipo de embargo» para lo que se ha ideado un nuevo procedimiento informatizado cuya principal ventaja es que permite un alcance más masivo de este tipo de actuaciones de control. Según la norma habilita a la Seguridad Social para trasladar información de hasta 1,5 millones de registros distintos . El asunto es que para que su alcance sea realmente masivo requiere de la implicación de las entidades financieras. La adhesión al mecanismo, que permite gestionar los intercambios de información vinculados a este tipo de procedimiento a través de una plataforma informática, es voluntaria, pero la norma se encarga de dejar claro que las entidades financieras que no se sumen a la iniciativa «no podrán alegar dificultades técnicas u operativas que hayan podido motivarse por el número de actuaciones solicitadas como causa de exoneración de las responsabilidades en que hayan podido incurrir por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en lo concerniente al suministro de información y a la práctica de embargos sobre los pagos efectuados a través de terminales de punto de venta (TPV)». Facilitar los embargos El mecanismo ideado por Seguridad Social acabará con el sistema actual de notificaciones diarias de carácter individual e implantará una suerte de ciclo mensual de notificaciones masivas. Cada mes, la Tesorería General de la Seguridad Social remitirá a las entidades adheridas al procedimiento un listado de deudores para verificar si tienen o no una TPV sobre la que se pueda actuar. El listado no incluirá a todos los profesionales y empresas con deudas con la Seguridad Social, sino solo a aquellos que las tengan en vía de apremio, es decir, que no hayan satisfecho sus cuentas pendientes ni en el plazo voluntario ni en el plazo ejecutivo. En otras palabras, a aquellos que lleven en términos aproximados un año o más sin atender sus obligaciones. Las entidades tendrán entonces 30 días para identificar a los miembros del listado que tengan una TPV y transmitir esa información a la Tesorería, que será entonces cuando podrá dictar las diligencias de embargo. La informatización del sistema y la obtención de datos sobre los deudores con la Seguridad Social que operan con TPV permitirán a la Tesorería realizar embargos con carácter masivo y probablemente incrementar de forma significativa la eficacia de los sistemas de liquidación de deudas. El avance no es irrelevante. Según los datos recogidos en la última memoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio de 2021, ese año la Tesorería formuló 3.157.373 procedimientos de apremio por impagos de cuotas u otros tipo de abonos a la Seguridad Social, siguiendo una pauta similar que en los ejercicios anteriores. MÁS INFORMACIÓN La Seguridad Social entra en un caos que retrasa hasta tres meses la gestión de una pensión El sistema permitirá igualmente remitir varias diligencias de embargo sobre el mismo deudor sin necesidad de multiplicar los envíos y, del mismo modo, obtener más información sobre la ejecución de los mismos: si se ha realizado de manera total o parcial, si no se ha realizado por no haberse registrado ningún pago por ese cauce, si no se ha ejecutado de forma efectiva porque había embargos anteriores pendientes. Fuentes internas de la Tesorería General de la Seguridad Social explican a este periódico que toda esa información es muy importante para perfilar comportamientos fraudulentos. «Es muy difícil que a un profesional que opera con normalidad se le intervenga la TPV. Esto suele ocurrir en casos de defraudadores recalcitrantes». «Sistema agresivo y confiscatorio» La maniobra de Seguridad Social ha sido recibida entre la sorpresa y la indignación en determinados ámbitos. La organización de autónomos ATA, la más representativa en el sector de los trabajadores autónomos, opina que abrir la posibilidad a realizar embargos masivos por la vía de retener los ingresos por pagos electrónicos y, además, a partir de una cuantía de solo tres euros es «agresivo y discriminatorio» . Argumentan que no es muy explicable que a un asalariado se le consideren como no embargables sus ingresos hasta el SMI y que a profesionales se les pueda embargar por tener tres euros en deudas con la Seguridad Social. «Es confiscatorio», remacha Celia Ferrero , vicepresidenta ejecutiva de ATA. «Somos más partidarios de dar facilidades para regularizar su situación a aquellos que tienen la voluntad de pagar, aunque sí hay que tomar medidas contra los morosos», opina Eduardo Abad, presidente de UPTA