Sobre el papel, el Gobierno tiene previsto destinar alrededor del 30% de los cerca de 160.000 millones que la Comisión Europea le ha asignado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a proyectos de transformación digital . Confía, además, en que el impulso público a este ámbito sea respaldado con un nivel similar o incluso superior de inversión privada para alcanzar los objetivos de digitalización de la economía planteados en el Plan de Recuperación. En la práctica los movimientos del Gobierno en el ámbito fiscal no dejan de poner palos en las ruedas para que esos objetivos se cumplan. Una serie de sentencias de la Audiencia Nacional inspiradas en el criterio defendido por la Agencia Tributaria han venido a modificar el tratamiento fiscal de los gastos para desarrollar aplicaciones informáticas y programas de software, que hasta estas resoluciones podían deducirse de la base imponible del Impuesto de Sociedades como gasto en innovación pero que a partir de ahora no disfrutarán de este tratamiento favorable que permite ahorrar hasta el 12% de la inversión realizada . «No se cuestiona la calificación de los proyectos de software como innovación, ya que cuentan con Informes Motivados Vinculantes del Ministerio de Ciencia e Innovación que la sustentan, sino que los gastos califiquen como deducción al no corresponderse con las categorías de gasto recogidas en la Ley del Impuesto de Sociedades», explica Sergio Lavandera, socio de fiscalidad corporativa de PwC. El asunto es que no se trata de una inversión marginal dentro del panorama nacional de la I+D+i. De los 17.250 millones de euros que se calcula que se invirtieron en España en 2021, más de 2.700 millones correspondieron a proyectos de desarrollo de programas y aplicaciones tecnológicas . En otras palabras, supone el 15% del total de la inversión en I+D+i que se realiza en España en un ejercicio. El cambio de criterio de la Justicia hacia un planteamiento más restrictivo en la aplicación de la deducción por I+D+i en el Impuesto de Sociedades, en línea con lo que defiende Hacienda, puede tener consecuencias también sobre el despliegue de los fondos europeos. Más de la mitad de los 30 componentes en que se estructura el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español plantea programas que prevén inversiones en software y aplicaciones informáticas y buena parte de ellos confían en la movilización de recursos del sector privado para conseguir sus objetivos. «Va a tener consecuencias», advierte Lavandera. «Con este nuevo criterio se debilita la posición competitiva de España para competir en la captación de proyectos de software, porque nos sitúa en clara desventaja con los esquemas de incentivos fiscales de otros países de la OCDE. Ello puede traer consigo un replanteamiento de la ubicación en España de centros de excelencia de desarrollo de software sobre todo por parte de empresas multinacionales», advierte. Escaso apoyo fiscal a la I+D+i Los expertos coinciden en que España dispone de uno de los esquemas de incentivos fiscales más amplio y atractivo de todos los países desarrollados. El problema es que el celo con el que se aplica es tal que hace que en muchas ocasiones se cuestione la aplicación de estos incentivos y se genere una conflictividad que inhibe a las empresas a la hora de utilizarlos. En una jornada organizada por la Asociación del Progreso de la Dirección y PwC asesores fiscales de empresas del Ibex admitieron que la meticulosidad de la Agencia Tributaria había llegado a tal punto que muchas empresas habían decidido no solicitar los incentivos fiscales para no enredarse en los problemas administrativos que les genera. Se da la circunstancia de que en no pocas ocasiones el Ministerio de Ciencia califica un determinado proyecto de inversión como innovador, pero luego la Administración Tributaria no admite esa calificación a la hora de autorizar la aplicación del incentivos fiscal, lo que según los expertos consultados genera una situación de inseguridad jurídica que expulsa a muchas empresas de esta ayuda fiscal. MÁS INFORMACIÓN El ‘think tank’ de CEOE advierte de que la subida de impuestos del Gobierno costará un millón de empleos Hacienda ultima una herramienta para que cada español pueda saber la factura en impuestos que paga en un año Y cuando no les expulsa el sistema, es la acción del Gobierno la que lo hace. Expertos y organizaciones empresariales ya advirtieron que la aplicación del tipo mínimo del 15% en Sociedades afectaría a un puñado de empresas tecnológicas de mediano tamaño a las que se recortaría los incentivos que reciben por ese cambio regulatorio. Según la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos de 2023, el ahorro para las empresas de las ayudas fiscales a la innovación será este año de 672 millones, un 25% menos que los 891 millones de 2022.