Aflorar la economía sumergida es uno de los grandes retos que arrastra Hacienda desde hace años. Y en 2023 la lucha contra los pagos en negro, estimados en algo más del 11% del PIB (unos 130.000 millones de euros) en el último plan estratégico de la Agencia Tributaria , vuelve a ocupar un lugar fundamental. Tanto, que incluso se señala desde la Administración Pública a un sector en concreto: la construcción. «La Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas o ‘peinados’ fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles», señala la Agencia Tributaria en su plan de control para 2023. Noticia Relacionada estandar Si El Estado dará becas de hasta 7.000 euros a los opositores de Hacienda ante la falta de personal para cubrir jubilaciones Gonzalo D. Velarde La Agencia Tributaria advierte que la plantilla perderá casi 15.000 trabajadores en los próximos tres años por los retiros Por una parte se advierte de que hay sectores más proclives a albergar economía sumergida y, por otra, se apunta directamente al ladrillo. La rehabilitación y las obras en viviendas son el principal foco dentro del sector, pero nadie en el gremio está exento de recibir una inspección de Hacienda. De hecho, en el plan se recoge que las actuaciones que se realicen, si se detectan riesgos relevantes, podrán ampliarse «con procedimientos completos de comprobación sectorial» . La razón de planificar inspecciones en un determinado tipo de negocios está en el ‘boom’ vivido por la construcción tras la pandemia. Como aclaran desde la Agencia Tributaria, las actividades relacionadas con el ladrillo han experimentado dos años de parón por el Covid-19 y ahora que se han reactivado ya con fuerza, se ha optado por focalizar ahí los esfuerzos. ¿Cómo se llevará a cabo el control? Además de mediante los métodos informáticos con los que se cuenta, y de inspección por los datos que obran en poder de la organización, la institución vuelve a lanzar a la calle a sus inspectores. Investigaciones ‘in situ’, como se hacían antes del Covid-19. «Tras el parón de la pandemia se reforzarán los planes destinados a potenciar la presencia en la calle del personal de inspección. Se trata de recobrar la actividad en las tradicionales visitas que se vienen efectuando por la Agencia Tributaria desde hace muchos años, y que se suelen denominar como peinados fiscales. Estas visitas son de propósito múltiple, incluyendo, entre otros, la obtención de información, la comprobación de la fiabilidad y calidad de la información censal, actualizándola si es preciso, y la detección de comportamientos irregulares en materia de facturación», señala el plan de control. Hacienda se enfoca en la construcción después de dos años de relativo parón en el sector por la pandemia Precisamente para poner coto a la economía sumergida aprobó el Gobierno un nuevo límite para los pagos en efectivo, que se ha fijado en un máximo de 1.000 euros . En este sentido, Hacienda apunta al dinero físico como método de fraude. Así, el plan de la Agencia Tributaria indica que se pondrá «especial atención» en aquellos ámbitos con «uso intensivo de efectivo» y con «empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero y no sujetos, de hecho o de derecho, a las obligaciones de suministro de información». La institución, relacionado con todo ello, hace hincapié en el documento que «el empleo de efectivo por encima de los máximos admitidos por la norma también será objeto de atención». Y añade: «Se potenciarán las actuaciones coordinadas, incidiendo en aquellos contribuyentes que no admitan pagos por medios bancarios; cuyas rentas se obtengan de entrega de bienes o prestaciones de servicios directamente realizados al consumidor final, puesto que se incrementan los riesgos y la falta de control en cuanto a las formas de pago; o cuyos signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o información financiera sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas». Así las cosas, desde la patronal de la reforma y la rehabilitación, Andimac, defienden las «buenas prácticas» de usuarios y profesionales, al tiempo que proponen «recuperar la deducción en el IRPF para todo tipo de reformas, y ampliarla en función de la eficiencia que se logre con las obras, para reducir la economía sumergida en el sector». « Andimac también plantea complementar esta deducción con una rebaja al 10% del IVA de los materiales de construcción que compran los profesionales», añade la organización. Residencia fiscal La Agencia Tributaria también pondrá el foco este 2023 en los movimientos de residencia fiscal que puedan acometer los ciudadanos y que no convenzan a Hacienda. Actuaciones que, en gran medida, irán destinadas a ciudadanos que la organización entiende que residen en España en una localización concreta, pero estos afirman estar basados en otra comunidad autónoma o país. El objetivo de Hacienda para este ejercicio es doble, aunque viene de lejos. «Se ha observado que un cierto número de personas no nacionales eligen vivir en España, estableciendo su residencia habitual en territorio español, permaneciendo en él durante más de 183 días del año natural, pero no comienzan a tributar como residentes por su renta mundial, sino que lo siguen haciendo, incorrectamente, a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes únicamente por la renta obtenida o generada en España. Estos comportamientos serán objeto de comprobación», advierte el documento del plan. Apunta a que la meta de estas personas es «rebajar artificialmente su factura fiscal» al declarar como no residente y no en el IRPF español. Hacienda, así, pone énfasis en «conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública» como las relacionadas con simular residencia fiscal fuera de nuestras fronteras. Una opción que se utiliza para tributar en territorios de «baja tributación» y a lo que la Agencia Tributaria quiere poner coto. El ojo principalmente se pone en grandes patrimonios españoles con posibilidad de deslocalizarse, pero no solo; también en ciudadanos establecidos en España pero que siguen declarando su renta mundial en otra jurisdicción más favorable. No solo los falsos no residentes tendrán a la organización encima sino que también se enfocarán las actuaciones hacia aquellos ciudadanos que simulen vivir en una comunidad autónoma distinta a la que en realidad lo hacen; una actuación, de nuevo, con las grandes fortunas en el radar. «Se atenderá a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación», dice el plan.