El Gobierno ha renunciado a implantar en 2024 un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) españolas pese a haberlo negociado con la Comisión Europea y haberlo incluido en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, que le ha abierto el país las puertas de la recepción de más de 140.000 millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, la patronal de las constructoras y concesionarias de grandes infraestructuras, Seopan, está convencida de que esto no es más que un paréntesis forzado por la cercanía de las elecciones y de que una vez pasadas estas al Gobierno que salga de las urnas no le va a quedar más remedio que retomar el controvertido proyecto que sobre el papel obligará a los conductores a pagar por circular por vías por las que hoy transitan de forma totalmente gratuita. «Hay un objetivo vinculante que establece que tiene que haber un sistema de pago por uso implantado en julio de 2025″ , ha recordado este lunes Julián Núñez, presidente de Seopan, que ha lamentado no obstante que el Gobierno haya decidido no incluirlo en la futura Ley de Movilidad Sostenible que tiene que aprobar en el curso de este año. Ha recordado en este sentido que el déficit inversor en mantenimiento de carreteras en España ronda los 10.000 millones de euros, un asunto que preocupa de forma singular en Bruselas, que ve como una red de conexiones por carretera que pasa por ser la tercera más grande del mundo y que ha sido desarrollada en buena medida a golpe de fondos estructurales europeos se deteriora por la falta de capacidad fiscal de España para hacer frente a los costes de mantenimiento. Una aproximación realizada por Seopan, que defiende desde hace años el modelo de pago por uso que sostiene es el que se aplica en todos los países europeos salvo España, concluye que el esquema no solo alcanzaría para financiar los 1.600 millones de euros anuales que deberían invertirse en conservación de carreteras, sino que generaría un excedente fiscal de unos 3.300 millones de euros.