No hace tanto de aquellas imágenes en las que aplaudíamos no solo a los sanitarios, sino también a los supermercados, que en medio de la pandemia, y con unas estrictas medidas de seguridad, abrían cada día sus puertas para abastecernos de todo aquello que era necesario para nuestra subsistencia. Hoy, con los precios de los alimentos disparados, algunos quieren convertir en villanos a aquellos que hace no tanto tiempo considerábamos héroes. Tras poner en el disparadero a energéticas y bancos, llega ahora el turno de la gran distribución. Aunque la inflación, que llegó a superar los dos dígitos el pasado mes de julio, se ha reducido a tasas del entorno del 6%, la parte que corresponde a los alimentos sigue disparada. Y la reducción del IVA a algunos productos ha tenido un impacto mínimo en su primer mes de aplicación. El IPC de la alimentación se situó a finales de enero en el 15,4%, apenas tres décimas por debajo del registrado a finales de diciembre. Ante esta situación, y con elecciones autonómicas y generales a la vuelta de la esquina, en el Gobierno de coalición vuelve la tormenta de ideas. El PSOE descarta extender la rebaja del IVA a otros alimentos como la carne y el pescado, medida que sí tendría un impacto más amplio en la reducción de la inflación. Podemos parece que ha aparcado su petición inicial de topar los precios de la cesta de la compra, por la negativa del ala socialista del Ejecutivo a aplicarla, y ahora pide un descuento directo en el ticket de todos los clientes del 14,4%, que pagarían las empresas de distribución a través de un incremento de impuestos. Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 0,4% frente a diciembre y un 15,4% en tasa interanual En el propio sector temen la presentación de resultados que se producirá en las próximas semanas. Y no porque se esperen malos, sino por todo lo contrario, probablemente se mantendrán o incluso se superarán los del año pasado, que ya fueron buenos. Y esto, que sería motivo de satisfacción para las compañías, para los mercados bursátiles y para la propia Hacienda Pública, porque más beneficios implican una mayor recaudación de impuestos y más inversiones y creación de empleo, en España se ha convertido casi en un pecado por el que pedir perdón. Es más, estoy casi segura de que el Gobierno, o al menos una parte del mismo, utilizará los buenos resultados empresariales para exigir que se les suban los impuestos. De momento, mañana lunes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado una reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de los precios de la alimentación y el impacto, en su primer mes de aplicación, de la rebaja del IVA de determinados productos. Probablemente hoy es más necesario que nunca hacer un exhaustivo seguimiento de la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena. Se queja la distribución de que los consumidores y los políticos les culpan a ellos de las subidas, porque al final donde pagan los clientes es en el supermercado. Pero en ese precio final se incluye el de la producción agrícola o ganadera, el de la industria alimentaria y el del transporte. Todos están callados y cómodos de que la responsabilidad caiga sobre el último eslabón de la cadena, pero es importante la transparencia y saber dónde evolucionan los precios. Quizás haya alguna distorsión o quizás solo se han disparado los costes de producción y transporte y haya que esperar a que vuelvan a su cauce, con un poco de suerte, el próximo verano.