Cuando se trata de fortalecer las regulaciones a los dividendos empresariales, el cruce de la información bancaria y mercantil, o bien reformas al Código de Comercio y del Registro Mercantil, se hace mutis por aquí.
En un interesante reportaje sobre el cártel del azúcar en Guatemala, Gabriel Labrador, Ximena Villagrán y Raúl Sánchez publican en El Faro, y luego reproducido en Plaza Pública, muestran los prolíficos movimientos de empresas. domiciliadas en Panamá y el Caribe, que operan a través de negocios constituidos con el sudor y esfuerzo de grandes contingentes humanos en la siembra y corte de caña. (27 de abril de 2017).
El reportaje inicia con la descripción de las empresas vinculadas a un grupo concreto, con todo y sus directores de fachada. Resulta ser que entre 2007 y 2015 el grupo había creado 121 empresas de ese corte con un capital autorizado total de 282 millones de dólares; 47 de ellas vinculadas al comercio del azúcar. Y eso que se trata del séptimo productor del cártel. ¿Cómo serán los movimientos de los grupos de mayor participación de mercado?.
Se encontró en la investigación vínculos de otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los autores añaden que: “Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarlas por estar fuera de las fronteras guatemaltecas”. Desde 1983 siete familias están al frente del cártel del azúcar, lo cual explica, a la vez, de su oposición a temas como la institucionalidad de la competencia de mercados.
Con la publicación de los Panama Papers y las picarescas del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cualquier analista serio vinculado a temas fiscales o de regulación y políticas públicas, muy bien pone una luz amarilla sobre los casos grises y opacos que se observan con las denominadas empresas en paraísos fiscales, que están en la mira de los entes reguladores internacionales.
En la actual euforia tributaria y alegoría discursiva de la economía, cuando los mandamases de la SAT han afinado herramientas con la factura electrónica, y recibido todos los beneficios para conservar su chance por el cumplimiento de metas tributarias – gracias a los impuestos al consumo que nos gravan a los comunes mortales-, bien debieran llamar la atención todos estos ambientes grises del mundo corporativo, para buscar mayor equidad tributaria, entre otros temas.
Cuando se trata de fortalecer las regulaciones a los dividendos empresariales, el cruce de la información bancaria y mercantil, o bien reformas al Código de Comercio y del Registro Mercantil, se hace mutis por aquí, mientras las cámaras exigen el pago del Estado al IGSS, pero no el robustecimiento tributario a través de mejores controles a la evasión tributaria y modernización de la práctica y legislación mercantil guatemalteca, que continúa con una cultura del anonimato, alejada de la transparencia que hoy se necesita del mundo de los negocios, principalmente los que impactan en el cambio climático y demandan de altas dosis de Responsabilidad Social Empresarial, entre otras políticas.
En la sección de Opinión se publican columnas como contribución al debate público, las cuales son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan la visión de elPeriódico o la de su línea editorial.
Édgar Balsells
Investigador del Área Socioeconómica del IPNUSAC. Interesado en la acción colectiva