El fuego lo ha abierto el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau , pero al menos media docena de plataformas territoriales de Podemos ya han manifestado su intención de extenderlo a territorios como Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Asturias. Se trata de la bautizada como tasa Amazon , un nuevo impuesto de naturaleza local que aspira a gravar al gigante tecnológico norteamericano y de paso a los principales operadores del sector de repartos a domicilio con la excusa de la ocupación que sus furgonetas realizan del espacio público a la hora de entregar sus paquetes. Según la formulación estándar que un puñado de territoriales de Podemos ya han decidido incluir en sus programas electorales para las municipales y autonómicas del mes de mayo, la idea es implantar un impuesto sobre todos los operadores postales -entre los que también se cuenta Amazon desde que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidiera imponerle esa denominación- que facturen más de un millón de euros por sus entregas de comercio electrónico , aunque en el Parlamento Vasco se ha registrado una propuesta que baja ese umbral hasta los 200.000 euros. No afectará al reparto de alimentos Según la propuesta presentada en el País Vasco, el hecho imponible del impuesto, uno de los flancos débiles del mismo, sería el estacionamiento de los vehículos en la vía pública para la prestación de servicios de entrega a domicilio, por la ocupación del espacio público que implican, se podrían prever descuentos en el caso de que el vehículo fuera eléctrico y solo aplicaría a las entregas domiciliarias a consumidores finales, no a empresas, quedando fuera los servicios de distribución de alimentos (tanto las compras a domicilio en supermercados como los teleservicios de comida), material médico y medicinas. El abanico argumental que sostiene la implantación del nuevo impuesto es riquísimo. Desde la justificación ambiental, que buscaría compensar los efectos perniciosos de la contaminación generada por los vehículos y el tráfico en los centros urbanos, hasta las de modelo económico, basada en la protección del pequeño comercio local y la escasa contribución fiscal de los grandes gigantes digitales. «Tenemos que asegurarnos de que el sector público tiene la capacidad de innovar al mismo ritmo que el propio sistema capitalista », explica Txema Guijarro, portavoz económico del grupo parlamentario de Unidas Podemos. «Permanentemente están surgiendo nuevos negocios y tenemos que ser capaces de regular su fiscalidad». Debilidades jurídicas La idea ya aparecía en el libro blanco de los expertos para la reforma fiscal, en el que ya se advertía de las d ificultades y los inconvenientes que podría plantear su configuración legal. Para Francisco Aranda , presidente de la patronal de logística y transporte, Uno, esas dificultades e inconvenientes no han sido ni de lejos resueltos en la tasa que han planteado el Ayuntamiento de Barcelona, la única que se ha comenzado a tramitar a día de hoy. «Hay un claro supuesto de doble imposición, errores en el método de cuantificación de la tasa y adolece de una enorme complejidad técnica, que hará imposible su control». MÁS INFORMACIÓN Podemos pide un impuesto a los supermercados que grave sus beneficios El sector considera que se trata de una maniobra recaudatoria , cuyo objetivo es frenar el crecimiento del comercio digital bajo la justificación ambiental o de defender al pequeño comercio. Un argumento que desmontan con datos. Concretamente con los de un informe de Oliver Wyman que sostiene que el comercio electrónico contribuye a reducir entre 1,5 y 2,9 veces las emisiones de CO2 o entre 4 y 9 veces el tráfico que se generaría de no existir. «El comercio electrónico es una vía de desarrollo del comercio tradicional no una amenaza», asegura Aranda.