El pasado 1 de febrero el juez de mayor riesgo “B”, Rudy Bautista, consciente de la prohibición de otorgar arresto domiciliario en casos de delitos contra la humanidad se las otorgó, sin vigilancia, a los excoroneles Malfred Pérez Lorenzo y Jacobo Salán Sánchez.
En el actual contexto nacional, uno de los temas pendientes a analizar en Guatemala es: ¿Cómo la cooptación y desintegración del sistema judicial por las mafias corruptas afectará la lucha por la justicia transicional que busca en las cortes nacionales que se otorgue un mínimo de reparación a las y los sobrevivientes del conflicto armado interno? Estos procesos legales que, aunque escasos para el nivel masivo de violaciones ejecutadas por los jefes de Estado, por presidentes del país y por las fuerzas de seguridad en Guatemala, sentaron precedentes internacionales sobre cómo encaminarse a la no repetición y cómo proveer pequeñas gotas de justicia para las y los sobrevivientes, sus familias y también para la nación.
Hoy, lo poco que se había logrado avanzar en las cortes nacionales está siendo eliminado poco a poco a través de diversas estrategias por quienes históricamente han necesitado del manto de la impunidad para operar. Por nombrar solo algunas de las maniobras: la cooptación casi total del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la falta de recursos, la intimidación a las y los fiscales independientes, el cierre de archivos nacionales, la criminalización y la persecución de jueces, entre otras. Todas estas acciones se realizan dentro del marco de una débil democracia y frente a los ojos de la comunidad internacional que guarda silencio. Algo similar se encuentra al analizar el pasado reciente, donde es evidente que las campañas de tierra arrasada y genocidio ocurrieron por órdenes de generales y elites nacionales, gracias al financiamiento y entrenamiento de los Estados Unidos, pero también por la complacencia de la prensa, de la comunidad internacional y parte de la población civil que fue cómplice con su silencio de las campañas rurales y urbanas diseñadas para callar las voces y vidas de aquellos que fueron definidos como enemigos.
Esa misma complacencia es la que hoy ha relegado a las últimas páginas a casi todas las maniobras relacionadas con el caso denominado “Diario Militar”, que busca juzgar a una docena de militares por delitos de lesa humanidad, cometidos entre 1983 a 1985. Tan solo el pasado 1 de febrero el juez de mayor riesgo “B”, Rudy Bautista, consciente de la prohibición de otorgar arresto domiciliario en casos de delitos contra la humanidad, se las otorgó sin vigilancia a los excoroneles Malfred Pérez Lorenzo y Jacobo Salán Sánchez.
Hoy, los principios de la justicia transicional están siendo destruidos en Guatemala porque el Estado ha sido cooptado por aliados y descendientes de los criminales de guerra. A pesar de eso y poniendo en riesgo sus vidas las familias de los sobrevivientes, luchan porque ese mismo sistema pare de otorgar privilegios a funcionarios que carecieron de humanidad y ética cuando se trató de sus seres amados y que ellos sin piedad secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron.
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