El sistema político muestra reiteradamente su incapacidad para servir a los más caros y nobles intereses de la nación. Inmerso en disposiciones constitucionales pétreas que obstaculizan su modernización a las exigencias de los tiempos, no facilita que la Política –así, con mayúscula– cumpla su razón de ser como la ciencia y el arte de orientar la actividad social por derroteros que aseguren la prevalencia de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos, en un proceso que conduzca al desarrollo, al mayor nivel de bienestar posible para las personas y a la prevalencia de los derechos fundamentales, entre ellos, la oportunidad de realización personal de cada uno de quienes pertenecemos a este conglomerado social.
Por esos rezagos, el proceso electoral en curso no ofrecerá soluciones duraderas a los problemas existentes porque, aparte de las limitaciones de la legislación electoral que favorece el predominio de las cúpulas partidarias y las de sus mecenas y financistas, en contra del ejercicio legítimo del poder de cada ciudadano, la misma autoridad electoral se empeña en aplicar preceptos legales impuestos por “la vieja política” en el texto la LEEYDP que incluso contravienen el espíritu de participación democrática que emana de nuestra constitución política para impedir la participación de distinguidas personalidades y, peor aún, de pensamientos y fuerzas políticas emergentes en la justa electoral en la que los ciudadanos deberían poder elegir candidatos que representen la más amplia gama de pensamientos y fuerzas políticas, que podrían quedar al margen limitados por disposiciones no incluidas en el artículo 185 constitucional.
Dadas las circunstancias, es muy posible que el proceso electoral no facilite una delegación del poder soberano del pueblo suficientemente democrática, legítima y representativa y que, en consecuencia, el proceso de deterioro político y los niveles de insatisfacción ciudadana conduzcan a un proceso de descomposición social y de conflictividad de tal envergadura que ejerza efectos nocivos en la ya crítica insatisfacción ciudadana respecto del sistema político y de la situación económica y social.
Es propicio entonces pensar en el futuro y, a grandes rasgos, en lo que podría emprenderse para mejorar el sistema político. Lo primero es asegurar en esta elección, la más amplia participación de las diferentes corrientes políticas; lo segundo, debatir incansablemente sobre la impostergable reforma constitucional, modificando el texto del artículo 280 constitucional para darnos, como sociedad, la oportunidad de repensar nuestro pacto social y de disponer de un procedimiento que permita construirlo gradual y progresivamente; para ello, tal y como ya ocurre, el Congreso (una vez reformado el 280) revestido de su calidad de “más alta representación nacional” redactaría las reformas y las pasaría a la aprobación, no en una consulta popular, sino a una asamblea ciudadana de reforma constitucional, integrada de manera participativa, que las aprobaría con la mayoría calificada que se determine. En tercer lugar convenir una agenda de reformas que priorice lo relativo a lo electoral para asegurar el ejercicio del poder del ciudadano y la necesaria legitimidad y representatividad. Y cuarto, tener en cuenta la imperiosa necesidad de superar a futuro, cuanto antes mejor, el ya evidentemente agotado sistema presidencialista y encaminar el armado constitucional hacia el establecimiento gradual de un sistema político parlamentario que asegure la presencia de un digno Jefe del Estado, y un parlamento representativo e idóneo a cargo de funciones legislativas y ejecutivas.
¡Guatemala y sus ciudadanos nos merecemos un mejor destino!