La denuncia acerca de un posible desfalco millonario al Estado en la compra de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango muestra, por milésima vez, la importancia de un sistema de adquisiciones públicas confiable, claro, manejado por personas profesionales y honestas, efectivo, eficiente, transparente, abierto a la competencia, justo y sujeto a un adecuado mecanismo de rendición de cuentas. Hacer justicia en casos como esto es un elemento esencial para el adecuado funcionamiento de un sistema de adquisiciones. Sin embargo, acciones del MP, que llegan una vez se ha consumado el hecho, poco o ningún efecto en los procedimientos, modos y maneras en las que se realizan las adquisiciones dentro del sector público. Este tipo de acciones, de terminar en una condena firme contra los presuntos responsables, probablemente algún efecto disuasivo sobre quienes intenciones de desfalcar al Estado. La relativa infrecuencia de acciones como la de ayer y el largo tiempo que se necesita para comprobar la responsabilidad de los implicados en este tipo de hechos, es casi seguro que impacten poco los torcidos intereses de quienes se enriquecen con la corrupción.
Situación que, podría uno pensar, se resuelve nombrando a personas honestas a cargo de los procesos de adquisiciones. Razonamiento correcto, pero de muy difícil implementación dentro del sector público dada la forma en que funciona el sistema de servicios civil desde hace mucho tiempo en nuestro país. Castigos más severos, podría uno pensar, para disuadir este tipo de actos. Razonamiento correcto, siempre y cuando la probabilidad de ser detectado cometiendo actos de este tipo aumente también de forma considerable. Más fiscalización podría ser otra salida, siempre y cuando la justicia sea pronta y efectiva. No puede negarse la importancia de cada uno de estos elementos, sin embargo, podrían resultar insuficientes para mejor la efectividad y eficiencia de las compras públicas. Mientras no exista certeza plena que es están adquiriendo los bienes y servicios que realmente se necesitan para atender las prioridades de la población, las compras podrían ser totalmente honestas pero no cumplir su propósito. Mientras no existan compradores profesionales en cada ramo de la función pública, especialistas que aseguran el valor del dinero gastado, difícilmente se comprarán aquellos bienes y servicios que reporten mayor valor por el dinero gastado. Se deduce, entonces, que no basta con medidas aisladas para evitar las anomalías que ayer se dieron a conocer.