El lunes pasado, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un comunicado de prensa, señalaron que la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala de impedir la participación de candidatos en las elecciones presidenciales de 2023 está basada en fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral.
En semanas recientes, el TSE, encargado de monitorear las elecciones en el país, ha excluido de la contienda electoral a los binomios liderados por Thelma Cabrera, líder indígena de izquierda, y a Roberto Arzú, candidato de derecha.
El proceso electoral se está desarrollando en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad, agregan HRW y WOLA; y, asimismo, que los esfuerzos por excluir o iniciar procesos penales contra candidatos opositores generan condiciones desiguales que podrían impedir que se lleven a cabo elecciones justas y libres.
El 27 de enero, una autoridad del TSE resolvió que Cabrera y (Jordán) Rodas (binomio presidencial del partido MLP) no podrían postularse porque existía una “anotación” en el certificado de Rodas como resultado de la denuncia penal presentada por Córdova (Procurador de los Derechos Humanos). El TSE confirmó la decisión el 2 de febrero, por una mayoría de 4 votos contra 1; y, el 15 de febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso judicial para que se revisara esa decisión.
Las autoridades deberían revertir la decisión de excluir a Cabrera y a Rodas, afirman HRW y WOLA. El momento en que se presentó la denuncia y su naturaleza infundada indican que no hay motivos creíbles para impedirles presentarse a las elecciones.
Por otro lado, HRW y WOLA afirman que el 6 de febrero los magistrados del TSE también negaron la candidatura de Arzú. Los magistrados determinaron que Arzú carecía de “idoneidad” para ejercer el cargo—un requisito establecido en la Constitución de Guatemala—porque violó la prohibición de hacer campaña antes del inicio oficial del proceso electoral de 2023 y no pagó una multa relacionada por violación de las normas electorales durante la campaña de 2019.
La legislación guatemalteca prohíbe a los candidatos impulsar campañas políticas fuera del período electoral; no obstante, muchos candidatos han transgredido esta norma en años recientes. Por lo general, cuando esto ocurre, les imponen multas y, solo muy excepcionalmente, se los ha excluido de postularse a elecciones.
Las autoridades de Guatemala deberían revisar la decisión de excluir a Arzú y cerciorarse de que cualquier sanción que se imponga guarde proporción con su violación de las normas electorales y se aplique de igual manera a todos los candidatos, señalan HRW y WOLA.
“El escrutinio internacional es clave para proteger la democracia y el derecho de los guatemaltecos a votar y a postularse a cargos públicas”, manifestó Juan Pappier, subdirector en funciones para HRW para las Américas.