El calendario electoral anunciado en enero por el Tribunal Supremo Electoral contempla que ha arrancado formalmente desde ayer la campaña electoral con miras a las elecciones generales que tendrán lugar el 25 de junio y una eventual segunda vuelta presidencial el 20 de agosto, mientras en el ambiente persiste un clima de incertidumbre, marcado por las arbitrarias decisiones y opacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Oficialmente hay 21 binomios inscritos para participar, mientras que se ha rechazado la inscripción de otros tres, coincidentemente, todos opositores al sistema político imperante, aunque aún falta ver si logran sacar del camino a un cuarto binomio, un hecho inédito en este tipo de procesos electorales, en los que la ciudadanía solía mostrar su confianza en los magistrados del TSE.
Sin embargo, en esta ocasión hay razones de sobra para dudar de la transparencia de las autoridades electorales, partiendo de la forma en que se integró, con dos de ellos accediendo a la magistratura por medio de documentos falsificados para presentar un currículum académico con inexistentes títulos de maestrías y/o doctorado.
El año pasado se dieron varias contrataciones o compras con absoluta falta de transparencia, lo que hizo que la frágil credibilidad institucional cayera más y brotaran dudas sobre la capacidad de los magistrados para encausar el proceso electoral por un sendero limpio.
Para el momento de la convocatoria la credibilidad de la institución estaba en niveles bajos. Atrás quedó el prestigio que una vez dieron magistrados impecables al TSE. Con los actuales, los analistas se preguntan: ¿Hay independencia del TSE de partidos políticos y del poder dominante? ¿Son personas probas que no permitirán el manoseo de las elecciones –antes, durante y después de las votaciones–? ¿Responden al interés del oficialismo y sus aliados? ¿Tienen compromiso con la democracia?
Los hechos muestran que a casi todas las interrogantes hay que responder de forma negativa: No hay independencia ni transparencia; No se actúa con probidad en los negocios millonarios –el último ejemplo es la compra de un sistema informático comprado a una empresa de dudosa reputación y a un precio Q34 millones más caro–; el manoseo del proceso ya se ha dado al impedir la participación de candidatos opositores y permitir que otros, incluso con impedimento constitucional, puedan correr, como es el caso de Zury Ríos Sosa (Valor-PU).
Peor aún, se percibe que responden a los intereses de un oficialismo tenebroso y sin compromiso alguno hacia los principios democráticos.
En tan solo dos meses los magistrados del TSE han provocado múltiples reacciones de grupos de observadores y la comunidad internacional, quienes ven con inquietud la forma en que se facilita el camino a unos y se le impide a los opositores con mejor posicionamiento en las encuestas. El último caso por verse es la cacería que han iniciado en contra de Edmond Mulet (Cabal), por haberse atrevido a denunciar la forma en que se utiliza al sistema de justicia para intentar acallar a la prensa.
Triste escenario: incertidumbre en lugar de certezas y opacidad en vez de transparencia. Justificados temores de que en el camino veamos confrontación político-social.