La libertad de expresión es un derecho garantizado por la Constitución Política de la República. Y ese derecho, además, está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.
La Ley de Libre Emisión del Pensamiento, con rango constitucional, ha venido siendo diezmada de gobiernos atrás, pero ha sido durante la administración de Alejandro Giammattei en el que la persecución a la prensa a cobrado dimensiones lamentables. Y ha sido principalmente a partir de la captura del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, que la situación ha empeorado. El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), otrora un bastión para perseguir a los corruptos, se ha vuelto la cabeza visible de una operación que parece buscar la anulación de voces disidentes a los intereses del gobierno, en claro contubernio con la fiscal Cinthya Monterroso, encargada de presentar las demandas penales. Hablamos de un Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, que se ha puesto a las órdenes de las fuerzas del mal para acallar a quienes han tenido el valor de publicar las verdades sobre la corruptela de esta clase política que, además de mafiosa, se ha vuelto descarada y cínica.
Aunque desde el principio de la captura de Zamora Marroquín, Curruchiche aseguró que no se trataba de ninguna persecución política y lo sostiene, las evidencias dicen todo lo contrario.
Hoy, la embestida se ha extendido en contra de un grupo de periodistas que no han hecho sino decir lo que piensan sobre el actuar de estos funcionarios. Pero no, a Curruchiche se le ha ordenado la persecución de estos periodistas, ahora apoyado por la resolución del juez décimo penal, Jimi Bremer, quien sin más ni más ha ordenado la investigación de estos hombres y mujeres de prensa que solo cumplen con su función periodística.
Como diría la canción, a dónde vamos a parar. Con jueces y fiscales de esta calaña nada bueno le espera a nuestro país y, por supuesto, a nuestra sociedad. El artículo 35 constitucional es claro al indicar, en su apertura… “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”. Y agrega, en su segundo párrafo, “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Más claro no canta un gallo. Incluso, al final de su primer párrafo, este artículo dice que “Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones”.
Lo que está pasando en Guatemala es una muestra clara y evidente de una campaña de persecución contra la prensa independiente. Vivimos en un país en el que los malos son liberados de cualquier culpa y hasta son inscritos como candidatos a cargos de elección popular y los buenos son perseguidos para llevarlos a la cárcel y así acallarlos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) fue claro y contundente hace unos días en Ginebra, Suiza, al señalar “Es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema de justicia y para que en la sociedad civil estén protegidos los defensores de derechos humanos y los medios”.
Los periodistas y la sociedad en su conjunto debemos poner un alto a estos abusos, porque la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, atañe a todos los ciudadanos. No podemos permitir que Guatemala vuelva a los tiempos oscuros en que los opositores eran simplemente eliminados y se utilizaba el recurso del miedo para silenciar a los contrarios.Los debates son necesarios. Los intercambios de opinión hacen que los pueblos sean realmente libres, respetándonos por lo que pensamos y decimos, e intentando botar esos argumentos con elementos de juicio que racionalmente demuestren lo equivocado