La decisión de la fiscal del Ministerio Público, Cinthia Monterroso, de acusar a periodistas y columnistas por informar sobre el caso que la actual FECI ha construido en contra del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y la decisión del juez Jimmi Bremer de aceptar la acusación evidencian la dictadura a la que este país está ingresando. Sus acciones y la forma en que están usando el sistema de justicia para censurar nos muestran que los fiscales y los jueces, como caporales coloniales sanguinarios y déspotas, buscan a través de la intimidación y el miedo colocarle una mordaza a los periodistas, comunicadores y columnistas que son críticos del sistema cooptado por el Pacto de Corruptos que gobierna a Guatemala. El sistema busca acallar a sus detractores por cualquier medio posible, esconder la verdad, borrar la memoria y quedarse únicamente con las voces complacientes que provienen de individuos hipócritas y mercenarios quienes se han caracterizado por vender su pluma al mejor postor.
La amenaza del juez Jimmi Bremer es directa, clara y explicita: o se callan o los callaremos. Al final, si algo le sobra a Guatemala son ejemplos paradigmáticos de periodistas torturados, desaparecidos, asesinados o empobrecidos por denunciar a lo largo de la historia, lo que los pueblos denuncian que, si no hay justicia para ellos, entonces no abra paz en el país.
En estos momentos es imposible identificar cuál fue el punto de quiebre en el que la frágil democracia en Guatemala empezó a morir. Esto porque al examinar su historia no existen suficientes evidencias de que haya existido una transición real del sistema autoritario al sistema democrático. Más bien, el autoritarismo genocida y criminal, camuflajeado bajo el manto y los colores de la política partidista, continuó operando impunemente, aunque con un perfil más bajo.
Lo que quizá sí es posible señalar es el momento en el que salieron de sus cómodas guaridas, que fue el año 2013, en el contexto del juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt. ¿Por qué? Porque ese momento que vio la posibilidad del cambio en la narrativa oficial del conflicto armado, también vio amenazado el manto de la impunidad que ha cubierto a las elites oligarcas y a los militares de alto rango. Allí emerge la señal y dan la orden de neutralizar a las voces rebeldes, una vez más. Desde entonces, todo juez, fiscal, comunicador, periodista, académico, organizador o ciudadano común que demanda el pleno ejercicio de sus derechos ha enfrentado, en diferentes niveles, la violencia sistemática del Estado.
Hoy, la decisión del Ministerio Público y del sistema de justicia nacional de mandar a la hoguera a periodistas y columnistas marca un momento crítico en la historia del país. Con sus acciones, el ejecutivo y los poderes de la elite, de los militares y del crimen organizado buscan sembrar miedo y neutralizarnos a todas, todos y todes quienes utilizamos la pluma y la voz para exponer los crímenes, abusos y violencias que son ejercidas todos los días contra las grandes mayorías de nuestros pueblos y de nuestros hermanos y hermanas.
Yo pertenezco a una generación que aprendió a caminar al final del genocidio sobre una tierra cubierta de la sangre de generaciones enteras rebeldes no conformistas, por eso, me niego a irrespetar su memoria acallando mi voz. ¡No nos callaran!
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