El rasgo principal del actual proceso electoral es la tendencia marcada a penalizar a ciertos candidatos. Ya hay muestras de ello y sería ocioso detenerse en discutir un hecho claro: vía lo judicial o las interpretaciones puramente judiciales, se están poniendo trabas a la participación democrática. En el camino, ya hay dos binomios relevantes que quedaron fuera: Podemos y MLP. Las explicaciones son muchas pero todas insuficientes.
En el fondo de todo ello hay una enorme contradicción. Las estructuras y visiones judiciales no son en nada compatibles con los derechos democráticos de participación política. Y la gran responsabilidad de este enredo perverso tiene en los partidos a los principales actores que, durante años, se han negado a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que como sabemos es de rango constitucional. Dicho esto, lo que conocemos cada vez con más fuerza, son las interpretaciones sesgadas de personajes enquistados en el poder, que no tienen ninguna idea de lo que es la democracia política y sus reglas.
Recuerdo que las reformas de 2016, impulsadas desde el Congreso, fueron aprobadas solo en parte, porque hubo veto del flamante candidato a diputado que, en esos días, como presidente, vetó las reformas de fondo que se planteaban. Hablo del sr. Morales. Es el mismo que se opuso a la reforma judicial y como sabemos, terminó expulsando a la CICIG. Son los datos duros de la historia reciente. No se vale tener tan poca y mala memoria. Por eso estamos tan jodidos en la actualidad. Hay autores directos y malos actores involucrados. Y sabemos de los beneficiados.
Al analizar las razones invocadas por el tribunal electoral, que se encuentra en la travesía del desierto, para no inscribir a dos binomios, es a todas luces un escándalo. Pretextar un finiquito o campaña anticipada, son dos temas que no provocan la menor simpatía en cualquier analista político. Suena demasiado barato. Y si para ello se tiene que hacer pasar el ridículo a la Corte Suprema o a la Constitucional, de modo que validen esas especies, pues la conclusión es fácil: se dirige el proceso electoral a la pérdida de confianza ciudadana. Así de sencillo.
La tapa al pomo se le quiere poner por la vía de quitarle el antejuicio a un candidato por protestar por las acusaciones a varios periodistas. Con ello se va directo contra derechos constitucionales, como el de petición, de un lado, y por el derecho de la libre emisión del pensamiento, por el otro. Es un condensado de violaciones a la Constitución, antes que una vía que nos permita ir en dirección a la construcción de una sólida o robusta democracia electoral.
Lo más grave de todo es pretender ganar las elecciones a puro chaleco, sin detenerse un momento a pensar en la historia reciente de nuestro país. Es además alimentar la sensación de fraude electoral, y colocar la exigua democracia en transe de una nueva confrontación violenta, que, por supuesto, nadie quiere pero que los insensatos que están judicializando la democracia, parece que la están provocando y no se dan cuenta a dónde conduce su voracidad. No esta demás recordar que el conflicto armado que vivimos, inició precisamente por un fraude electoral. Por ello impedir el fraude, es impedir escenarios de conflictos violentos. Ya estamos avisados.