No es posible demostrar científica o jurídicamente que los resultados oficiales de las votaciones para aprobar a los diputados al Parlamento sean fraudulentos, pero cuesta trabajo creerlos. Incluso creyéndolos al pie de la letra, la conclusión es que no son fruto ni del entusiasmo revolucionario ni de la convicción de que esos candidatos representarán los intereses de la población.