Construir algo desde cero es más fácil que tratar de corregir las deficiencias existentes y lograr las mejoras necesarias. Este principio se puede aplicar en prácticamente todas las actividades que se llevan a cabo, sobre todo, cuando con el paso del tiempo, aquello que se desea cambiar se ha ido convirtiendo en algo tan tortuoso como puede llegar a ser un laberinto.
En esa encrucijada se encuentra Guatemala en este momento, cuando han transcurrido poco más de dos décadas de un siglo que, se suponía, traería consigo mejoras en el orden político, económico y social, cosa que no sólo no ha sucedido, sino que ha traído un efecto absolutamente contrario a lo esperado.
Ese deterioro no se ha dado de la noche a la mañana. Ha sido algo que ha venido sucediendo paulatinamente y de manera más acelerada en los últimos dos años de la administración de Jimmy Morales y en el tiempo que lleva en la presidencia Alejandro Giammattei, ambos mandatarios empeñados en convertir el país en un auténtico laberinto, del que sea difícil salir.
Antes de ellos ya se veía que se estaba causando un desgaste al sistema político y a la propia democracia, pero siempre había en el ambiente un sentimiento de que las cosas podían cambiar y que las mejoras podían ir llegando, aunque fuera de manera lenta, mientras funcionara la institucionalidad.
Hasta el año 2018 parecía que, aunque no con la fuerza y eficiencia necesarias, las instituciones funcionaban y al menos había contrapesos que marcaban un relativo funcionamiento de la democracia. Sin embargo, para entonces era evidente el agotamiento de un sistema que se creó bajo la Constitución de 1985 y su reforma de 1993 –ratificada en consulta popular en 1994–, pero que nunca ha sufrido las correcciones que se hacen necesarias en su andamiaje legislativo.
Si aceptamos como premisa que el sistema político es el encargado de crear las correcciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la democracia, podemos llegar a la conclusión de que han sido los propios políticos quienes han evitado tomar las medidas correctivas y, en los dos últimos períodos, quiénes han acelerado la destrucción institucional para borrar cualquier posibilidad de evitar un colapso total, que puede llegar en cualquier momento.
La estrategia iniciada por Morales (pacto de corruptos) y continuada por Giammattei (alianza oficialista) ha creado una auténtica crisis institucional en la que se han borrado los contrapesos dentro del Estado y se amenaza a los pocos existentes fuera de este, como es la prensa independiente.
El oficialismo derivado de estos dos presidentes –con aliados oscuros ambos– ha terminado por eliminar en su totalidad la independencia del sector justicia, al extremo de convertirlo en un mazo para perseguir y golpear a los opositores, en vez de ser el que cuida porque la aplicación de la Ley sea para pareja todos y que el poder político no abuse de su posición privilegiada.
La estrategia iniciada en 2018 se ha venido cumpliendo desde entonces. El cambio presidencial no fue más que la entrega y recepción de una estafeta que ha tenido su foco en defender la corrupción y mantener un marco de impunidad que no alcance a los aliados de la podredumbre.
Para eso se cooptó a la CSJ, el MP, las salas de apelación, la CC y al resto de instituciones del sector justicia. No ha quedado ni un cabo suelto. El peligro es que el laberinto se ha complicado, pues el oficialismo –heredero del pacto de corruptos–, no se ha detenido en su control institucional y han caído el TSE, la USAC, el COG –deporte–, la PDH, y pronto se incluirá a la Contraloría.
La institucionalidad se ha debilitado de tal manera que ahora no hay nada que garantice, siquiera, el respeto y cumplimiento de los mandatos que emanan de la Constitución de la República. La CC es nada más que ejecutora de órdenes que emanan de la alianza.
El laberinto está creado. La lucha de la sociedad será para buscar salir de él, una tarea nada sencilla ni de corto plazo, pero posible y necesaria.
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