Voto responsable

Siempre he sostenido que el ejercicio del sufragio, como método de decisión, debe ser positivo o afirmativo, es decir, debe ser útil y constructivo. Esto implica que el voto debe emitirse en favor o en apoyo de alguna causa o propuesta, y no en contra de algo o alguien. Eso sí, el votante que vota a favor de alguna opción asume que si el votado gana cumplirá con su promesa electoral. De suerte que es una expresión de confianza, una preferencia, que demanda del electo una gestión transparente, eficiente, proba y eficaz, anteponiendo en todo momento el interés general al particular.

            En una democracia funcional, el sistema vela porque el servidor público rinda cuentas, no se enriquezca a costa del erario, no abuse de su autoridad ni malverse los fondos públicos, así como lo obliga a que cumpla con sus deberes. Además, se viabiliza que la comunidad organizada controle y audite la gestión pública, reclame el cumplimiento del plan de trabajo y, en su caso, revoque el mandato de los omisos, remisos y corruptos.

            Sin embargo, en una democracia disfuncional como la nuestra, el cumplimiento de las promesas electorales es opcional de los políticos y no una obligación exigible; la rendición de cuentas es inexistente; el acceso a la información pública es limitado e insuficiente; la justicia oficial no es eficaz; impera el gatopardismo, basado en el ofrecimiento politiquero de que “todo cambie para que nada cambie”; y los avances en la construcción de un Estado de Derecho son lentos, costosos, mediocres y reversibles.

            Por otro lado, la participación ciudadana se limita a elegir a los gobernantes y representantes cada 4 años, así como extenderles un cheque en blanco, sin posibilidad alguna de fiscalizar ni oponerse a nada ni a nadie durante el respectivo período de funciones; y, peor aún, sin tener el poder de revocar los mandatos electorales, por incapacidad o incumplimiento. Ante este panorama, lo único que le ha quedado al elector es rechazar, en la siguiente elección, la reelección del oficialismo y sus aliados, así como no votar por los grupos que ya gobernaron o ejercieron el poder.

En mi opinión, el voto castigo está bien, pero no que se vote por cualquier otro, por joder, lo que no es racional sino emotivo. Para ninguno es un secreto que las decisiones emotivas no son acertadas. Los elegidos, con base en la emocionalidad, han resultado iguales o peores, nunca mejores. Luego, el voto de castigo emocional ha sido igualmente contraproducente y solo ha contribuido a la consolidación de la cleptocracia.

            Por otro lado, se ha demostrado hasta la saciedad que el abstencionismo y el voto en blanco redundan en nada; y, asimismo, que el voto nulo puede convertirse en una “carabina de Ambrosio”, que favorezca a las opciones clientelares o criminales, si no alcanza más del 50 por ciento de los votos válidos, para lograr la anulación y repetición de la elección.

Por tanto, debe votarse por alguna opción, ojalá por la más idónea, que pueda dar certeza de que, además de destapar y castigar los actos de corrupción, lidere y promueva una profunda reforma política e institucional del Estado. En todo caso, para tener un buen chace de escogencia, la ciudadanía debe exigir, con energía y firmeza, que la autoridad electoral no manipule la inscripción de candidatos.

En conclusión, el ejercicio del voto no debe ser emocional ni iracundo, sino responsable, informado y consciente, es decir, debe ser el resultado de una profunda reflexión, de una operación intelectiva mediante la cual se evalúe, bajo parámetros objetivos, las ventajas y desventajas de cada opción en liza, a fin de discriminar sin sesgos y elegir la mejor con razonabilidad y convicción.