Democracia política significa gobierno elegido por la mayoría de la población, en tanto que la democracia institucional supone el autogobierno sujeto a la ley, es decir el gobierno del pueblo limitado por la Constitución y las leyes.
Una democracia disfuncional no aspira a la instauración de una institucionalidad democrática, sustentada en los principios de democracia representativa, separación de poderes, justicia oficial independiente e imparcial, rendición de cuentas, meritocracia, legalidad legítima, igualdad ante la ley y justicia social, sino tiene como finalidad única elegir gobernantes con poder absoluto por un período de funciones determinado, que supone la emisión de cheques en blanco a su favor sin ningún tipo de control o fiscalización.
Generalmente, los gobernantes así electos se ocupan en concentrar el poder y hacer ineficaces los controles inter orgánicos (fiscalización entre los poderes estatales) y el sistema de rendición de cuentas y de control financiero del Estado, a fin de gobernar a su sabor y antojo. De suerte que el resultado es siempre un gobierno autoritario, caracterizado por el abuso de poder, la arbitrariedad y el despotismo, con apariencia de democrático.
No importa entonces a quien se elija, ya que el electo, confirmando aquello de que “el poder absoluto corrompe absolutamente”, impone su voluntad omnipotente, distribuye favores y privilegios, reprime a opositores y disidentes, se arroga el ejercicio de un poder ilimitado, así como administra la hacienda pública con opacidad y sin contrapoder alguno.
Lamentablemente, el común denominador en Latinoamérica es la camarilla gobernante surgida de procesos electorales basados en la manipulación, el clientelismo político y la demagogia, que ejerce la autoridad sin institucionalidad y sin temor a la ley, favoreciéndose con ello el abuso, la corrupción y la arbitrariedad.
Por tanto, la lucha por la democracia institucional sigue siendo la instauración de un genuino autogobierno, sustentado en la auto regulación, el autocontrol, la ciudadanía (consagrada durante la Revolución Francesa de 1789), así como la plena vigencia de los derechos políticos de elegir y ser electo, a los cuales les son inherentes la legalidad del sufragio, el debate y la competencia en igualdad de condiciones.
De esa cuenta, el desafío no solo está en asegurar un sistema político-electoral satisfactorio, que en muchos casos ni siquiera eso se ha conseguido, sino en construir y fortalecer instituciones democráticas, que impongan límites estrictos y eficaces al ejercicio del poder político, que generen un sistema de control de juridicidad, que haga realidad la automática pérdida de autoridad cuando dichos límites sean rebasados, así como que garantice mecanismos de revocación popular.
Por supuesto, ante la grave atrofia de la institucionalidad democrática, el derecho de resistencia contra la opresión, consagrado desde la Proclamación de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), sigue siendo la única respuesta a la ineficacia institucional en los países latinoamericanos; y, por ende, abundan y son más frecuentes las manifestaciones, las protestas y los estallidos sociales en contra de los abusos, las arbitrariedades y los actos de corrupción de los gobernantes.
En conclusión, mientras la vocación de los procesos políticos de la región latinoamericana no sea instaurar una auténtica democracia institucional, sino, por el contrario, implantar una “democracia de fachada”, de “baja intensidad” o “electorera”, no superaremos la inestabilidad y la ingobernabilidad; y, por consiguiente, las poblaciones seguirán insatisfechas y el desencanto ciudadano será cada vez más rápido de lo esperado, dado que el umbral de la tolerancia de la gente día con día es más bajo e irresistible, hasta que, por supuesto, se llegue al indeseable hartazgo.