Cuando Pedro Sánchez se hizo cargo del Gobierno de España a principios del mes de junio de 2018 el crédito presupuestario necesario para hacer frente a la nómina mensual ordinaria de los altos cargos y de los asesores que les asistían en sus funciones de gobierno ni siquiera alcanzaba los 4,5 millones de euros y el coste anual de esa estructura de gobierno se situaba ligeramente por debajo de los 110 millones de euros; hoy los datos de ejecución presupuestaria que mensualmente difunde el Ministerio de Hacienda revelan que el crédito mensual necesario para pagar a los ministros y sus nutridos gabinetes de asesores se aproxima ya a los ocho millones de euros y que en 2022 el gasto total de esa macroestructura fue de 147 millones de euros, 37 millones más respecto al último Gobierno del PP y 50 millones más que el Ejecutivo que estrenó la era Rajoy en el año 2012, cuyo coste presupuestario no llegaba a los 100 millones. La comparación es llamativa. Durante el lustro de Ejecutivo de Pedro Sánchez el coste presupuestario acumulado de la estructura de gobierno ha superado ya los 650 millones de euros, un 25% más que los 520 millones que costó en el último lustro el gabinete de Mariano Rajoy. El Gobierno de Sánchez ha costado alrededor de 25 millones de euros más al año que el de Mariano Rajoy. El más grande de la historia El sobrecoste tiene una primera explicación muy clara. El último Gobierno de Rajoy estaba formado por 14 miembros, con un presidente, una vicepresidenta y doce ministros; mientras que el primero de Pedro Sánchez ya se estructuró con 18 miembros, con un presidente, una vicepresidenta y 16 ministros con cartera, lo que de forma inevitable incrementó el gasto presupuestario asignable al pago de las nóminas. Noticia Relacionada estandar Si El 60% de los asalariados cobran menos que los recién jubilados Gonzalo D. Velarde Más de 11 millones de declarantes de IRPF registran rentas inferiores a 22.731 euros anuales, la cuantía de las nuevas prestaciones del régimen general Pero lo que marcó un antes y un después fue el acuerdo para gobernar con Podemos . De pronto, el Ejecutivo pasó a tener 22 ministerios y las exigencias de equilibrio de poder entre los dos partidos coaligados hicieron que se multiplicaran también el número de secretarías de Estado y de direcciones generales. El organigrama tradicional de gobierno que operaba con entre 150 y 170 altos cargos en función de las épocas se vio desbordado por todos los flancos y derivó en una macroestructura con 259 altos cargos, una cifra sin precedentes en la democracia. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 2800 Código APP El primer Gobierno de coalición nació con un presidente, tres vicepresidentes con cartera, 19 ministros, 30 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango asimilable a esa categoría, 135 directores generales y 21 secretarios generales técnicos. Por buscar un término de comparación, el primer Ejecutivo de Sánchez, el que salió de la moción de censura, había quedado conformado por 178 altos cargos superiores y directivos, 58 menos. Pero esto es solo una parte de la estructura, la de los altos cargos. La mayor parte del incremento de la factura derivada de la estructura de gobierno en los últimos años no viene de ahí sino del batallón de asesores que los nuevos altos cargos han incorporado a sus gabinetes. La ley limita el número de asesores de los que puede disponer cada alto cargo y asigna nueve a las vicepresidencias, cinco a los ministros, tres a los secretarios de Estado y uno a cada director general. Lógicamente, la creación de más vicepresidencias, de más ministerios o la conversión de áreas que tenían un rango inferior en direcciones generales, secretarías de Estado o ministerios multiplicó el número de asesores en el Gobierno. Incremento de costes La escalada se explica por la macroestructura de 22 ministerios del Gobierno y por la mejora salarial del 13% desde el año 2018 La evolución del coste asignado a esta partida da testimonio de este fenómeno de una manera cristalina. El último Ejecutivo del Partido Popular destinó 39 millones de euros a pagar asesores; el último de Pedro Sánchez antes de pactar con Podemos ya asignó una partida de 50 y en 2022 el pago de la nómina de los asesores del Gobierno supuso ya 66 millones de euros, un 70% más. La crecida del gasto llegó a tal punto que en 2020, en plena pandemia, el Gobierno tuvo que reorientar 20 millones de euros de otras partidas de la cuenta de gastos de personal para hacer frente al coste de las nóminas de altos cargos y asesores. La partida no parece haber alcanzado techo. La activación del plan de recuperación y la necesidad de gestionar 150.000 millones de euros de fondos europeos se han traducido en la creación de nuevos puestos de alto cargo, cerca de una treintena más, y en la aparición de nuevos puestos de asesores. Los datos del Ministerio de Hacienda reportan que hasta febrero de este año el gasto en altos cargos ya apuntaba un incremento del 3,6% respecto al de 2022 y el de asesores se disparaba un 7,4% más. Fin de la contención salarial El crecimiento sin precedentes del número de altos cargos y de sus asesores en los últimos años no es el único factor que ha contribuido al sustancial incremento que el coste presupuestario de la estructura del Gobierno ha experimentado desde que Pedro Sánchez accedió a La Moncloa. La estricta congelación de los salarios de los empleados públicos que Rajoy aplicó en los años posteriores a la crisis financiera en parte por las presiones de Bruselas y en parte por la necesidad de devolver las cuentas a una senda de sostenibilidad ha desaparecido en los últimos años. Un dato ilustra de forma clara este cambio de tendencia. En los seis años y medio que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno solo tuvo dos subidas salariales, la de 2016 y la de 2017; en sus primeros doce meses en La Moncloa, Pedro Sánchez vio incrementarse su sueldo como presidente en cuatro ocasiones, al igual que sus ministros y los asesores de estos. Entre 2012 y 2018, el sueldo de Mariano Rajoy subió de 78.185 a 79.756 euros; a mediados de 2019 el de Pedro Sánchez ya estaba en 83.080 euros . Feijóo promete eliminar entre siete y nueve ministerios si gobierna El gasto asociado a una macroestructura de 22 ministerios se ha convertido en uno de los principales arietes del Partido Popular contra la gestión de los recursos públicos por parte del Gobierno de coalición. «Tenemos ministerios que antes eran direcciones generales. Ahora el Gobierno tiene dos equipos de fútbol con un árbitro», ilustró hace unos días el vicesecretario de Política Económica del PP, Juan Bravo, para señalar los excesos de una estructura gubernamental que no encuentra precedentes en la historia democrática de España y cuyo coste para las arcas públicas se disparó en 2022 hasta el entorno de los 150 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Los populares han situado la reducción del gasto público innecesario y, singularmente, del llamado ‘gasto político’ como una de sus prioridades en el caso de que tengan la oportunidad de gobernar y como ha publicado ABC en los últimos días se ha comprometido a recortar entre siete y nueve ministerios respecto a la actual estructura. Entre las medidas que han ido deslizando los populares figura la desaparición de los actuales ministerios de Consumo y Universidades, creados ‘ad hoc’ para equilibrar el reparto de ministerios entre el PSOE y Unidas Podemos dentro de la coalición del Gobierno, y que recuperarían el rango de dirección general que han tenido históricamente; o la fusión de las áreas de Trabajo y Seguridad Social, que Sánchez escindió también con motivo de la configuración del Gobierno de 22 ministerios. Diferentes organizaciones de empleados públicos como Fedeca, la plataforma que aglutina a los cuerpos superiores de funcionarios del Estado, o CSIF esperaban con interés el texto definitivo del proyecto de Ley de Función Pública del Gobierno por si tuviera algún avance en la regulación de los asesores, sobre los que solicitan un mayor control a la hora de incorporarlos al Ejecutivo. La crítica más recurrente es que se trata de incorporaciones poco justificables y nada justificadas que se realizan más por amiguismo que por la carencia de perfiles similares dentro de la Administración. El texto gubernamental no restringe el fichaje de asesores y se limita a especificar que deberán ser personas idóneas para el puesto -entendido como que deben tener las competencias necesarias para el mismo, sin mayor detalle- y que eso sí deberán acreditar el mismo nivel de formación que el nivel profesional al que se les asimile. El nombramiento seguirá siendo potestad exclusiva del alto cargo. Los años siguientes han seguido trayendo mejoras retributivas para el presidente y su Gobierno. En 2020 los sueldos públicos subieron un 2%; en 2021, fue del 0,9%; y el año pasado las nóminas públicas subieron un 2% inicial y un 1,5% adicional a final de año y aplicable a todo el ejercicio en compensación por la subida de la inflación. Según los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el salario del presidente del Gobierno se situará en 90.010,20 euros anuales , casi un 13% más elevado que el que tenía Mariano Rajoy cuando la moción de censura lo expulsó de la presidencia y ese incremento es extensible a todos los altos cargos del Gobierno y a los asesores que los asisten en sus funciones.