El que calla… ¡otorga! El refrán popular se puede aplicar en el sentido de que las personas y la sociedad en su conjunto deben levantar su voz cuando se encuentran ante un sistema político represor, corrupto o simplemente incapaz, porque guardar silencio ante acciones como las mencionadas es lo mismo que otorgar un permiso para continuar haciéndolo.
No debemos olvidar que los gobernantes no son más que funcionarios en quienes el pueblo ha delegado el poder, pero no como un cheque en blanco, sino con un mandato claro bajo el ordenamiento jurídico del país: deben promover el bien común y, sobre todo, respetar la Constitución y el Estado de Derecho.
La democracia es el mejor sistema político que el hombre ha encontrado para organizar el Estado, poniendo como eje central a las personas y la sociedad en su conjunto. Dicha organización parte de la estructura de la Constitución, que establece los derechos ciudadanos y marca los límites y obligaciones del poder político.
El Artículo 33 de la Constitución establece claramente lo siguiente: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. (…) Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.
Si lo vemos en un plano más amplio, las manifestaciones son un derecho garantizado por la Carta Magna y por los pactos y acuerdos internacionales suscritos por Guatemala –y, por lo tanto, leyes en nuestro país–, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), y el Pacto de San José (OEA).
¿Qué ha sucedido en Guatemala cuando grupos ciudadanos han protestado indignados por los abusos de los gobernantes?
La historia nos recuerda que un movimiento ciudadano en 1920 –que en determinado momento fue reprimido–, marcó el inicio de la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, a quien el Congreso, bajo esa presión popular, declaró incapacitado para seguir gobernando por la “pérdida de sus capacidades mentales”.
Ya en la dictadura de Jorge Ubico, marchas cívicas promovidas por diferentes sectores de la ciudadanía en el mes de junio de 1944 –también reprimidas–, fueron determinantes para que el dictador comprendiera que era tiempo de renunciar. Luego vino la Revolución de Octubre ese mismo año y el régimen sucumbió totalmente.
Ejemplo más próximo fue lo sucedido en La Plaza en el año 2015, cuando grupos ciudadanos empezaron a congregarse cada sábado para exigir #RenunciaYa y #JusticiaYa, en demanda de que se pusiera un alto al saqueo de las arcas nacionales por medio de acciones de corrupción que a diario eran denunciadas por la prensa independiente.
Ese movimiento, más el empuje de la CICIG, provocaron primero la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y luego del presidente Otto Pérez Molina, ambos ahora en prisión y con varias causas judiciales en marcha.
En esas ocasiones, la voz del pueblo hizo que los mandatarios tuvieran que salir. Muchas otras veces, con movimientos de menor magnitud, se ha logrado que se detengan algunos procedimientos o no se aprueben leyes que han pretendido facilitar la corrupción y la impunidad.
En el momento actual, han sido múltiples las evidencias presentadas por la prensa sobre los abusos exagerados y las violaciones a leyes, incluso a la Constitución. La respuesta del pueblo ha sido nula. Pareciera que la sociedad está muda, por más que algunos crean que por escribir algo en redes sociales se cumple con la labor cívica de defender nuestra democracia.
Por ahora, La Plaza espera…