En teoría, el ejercicio de acudir a las urnas cada cuatro años –en el caso de Guatemala– es uno de los bastiones de la democracia, pues constituye el momento en que el pueblo puede elegir libremente a sus autoridades, lo que constituye un principio vital para garantizar los valores de este sistema político dominante hoy en el mundo.
Incluso países que viven bajo dictaduras, como son los casos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, montan fachadas electorales con el fin de transmitir al mundo que son regímenes “representativos”, por más que se hace evidente la manipulación de cada uno de los procesos electorales que realizan, ya sea para elecciones presidenciales, legislativas o municipales.
Sin que se pueda decir que han sido “ejemplares” o perfectas, todas las elecciones en Guatemala, durante los últimos 38 años, fueron reconocidas como eficientes y transparentes, al extremo de producir elogios en la mayoría de ellas hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el órgano que es responsable de la credibilidad que puedan tener estos procesos, desde la convocatoria hasta el escrutinio de las votaciones.
En ese caminar se vivió en mayo de 1993 un momento crítico para la democracia. El golpe de Estado de Jorge Serrano contra el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo tambalear a todas las instituciones del Estado, pero fue una de ellas, la Corte de Constitucionalidad (CC), muy independiente del poder político, la que salió al rescate de la democracia y devolvió la estabilidad política al país.
De tal cuenta que aquella crisis se resolvió con la renuncia del propio mandatario, de su vicepresidente, Gustavo Espina, y la elección por parte del Congreso de Ramiro de León Carpio como nuevo presidente. Fue una crisis que pudo superarse por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado y la participación de grupos de la sociedad civil.
Aquella que parecía una hecatombe duró pocos días. Ahora, Guatemala vive un auténtico drama institucional, el cual ha desarrollado, al menos, durante los últimos dos años. Se ha roto el orden constitucional al no elegirse Corte Suprema de Justicia (CSJ) y también se ha incumplido el mandato de mantener la independencia de poderes. Todo eso ha debilitado la democracia y nos ha llevado al peor momento político desde 1986.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido débil e ineficiente desde un inicio, pero las reformas y reglamentos que se han introducido la han convertido en una herramienta que favorece al grupo político dominante e impide o limita la participación auténticamente democrática de la ciudadanía.
A ello hay que sumar que el bastión que siempre fue el TSE ha dejado de serlo, para convertirse en un instrumento más de la clase política que controla todas las instituciones importantes del Estado. La cooptación es completa y se han borrado del todo los pesos y contrapesos creados por la Constitución de la República.
Ahora la ciudadanía, incauta, desinformada y confundida, se adentra en un proceso en el que es virtualmente imposible alcanzar a conocer –no se diga analizar– el pensamiento y planes de los más de 22 partidos que corren en la contienda electoral.
Pero como si fuera poco con ese malévolo multipartidismo, vemos que persiste el afán del oficialismo por quitar del camino a candidatos que resultan “incómodos” y que tienen posibilidades de alcanzar un buen resultado en las urnas.
Se ha creado tal maraña de partidos, candidatos, ideas, engaños y demás, que es imposible tener una visión clara de cada candidato. También es imposible discernir si hay alguno que pueda sacar adelante al país, con todos los problemas y rezagos que arrastra, producto precisamente del fracaso del sistema político imperante, que se niega a buscar una mejora o cambio por el bien del país.
Las elecciones, debemos entenderlo, no son solución, sino más bien son parte del problema… ¿Cuándo llegará el momento para rescatar la democracia?