Ahora que el futuro de Donald Trump es cada vez más naranja –no por su tonalidad fake sino por el color del típico uniforme carcelario en Estados Unidos– conviene preguntarse si su primer procesamiento en Nueva York perjudica o beneficia a la cuestionada democracia americana. Es verdad que no existen antecedentes en toda la historia de la Casa Blanca de un presidente obligado a enfrentarse a 34 cargos penales derivados de tres pagos en metálico para construirse un conveniente muro de silencio en las elecciones del 2016. De hecho, todo esto supone una gran novedad para Estados Unidos desde que el presidente Ulysses S. Grant, que tenía debilidad para los caballos briosos y muchas ganas de ponerlos a prueba, fuera detenido y multado en 1872 por exceso de velocidad en una céntrica calle de Washington. Sin embargo, como recuerda ‘The Economist’ en su última edición, la realidad es que en otras democracias resulta bastante habitual llevar a los exdirigentes a los tribunales. Desde Francia (Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy) hasta Italia (Bettino Craxi y Silvio Berlusconi) pasando por Israel (Moshe Katsav, Ehud Olmert y ahora Binyamin Netanyahu), la lista de expresidentes y primeros ministros procesados resulta bastante extensa. En Taiwán, enjuiciar a expresidentes se ha convertido en casi una inevitable tradición política. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha vuelto a su cargo tras pasar 580 días en prisión y ser puesto en libertad por un tecnicismo, no por haber demostrado su inocencia. Durante esta misma semana de intenso drama judicial, Donald Trump no ha sido el único dignatario «not guilty». El ex presidente de Kosovo, Hashim Thaci, se ha declarado inocente de crímenes de guerra y contra la humanidad ante un tribunal especial de La Haya. Aunque Trump califica su juicio como un «ataque a nuestro país como nunca se ha visto antes», en otras latitudes demostrar que nadie está por encima de la ley no ha sido obviamente un desastre para la democracia. Más bien todo lo contrario.