La credibilidad de una institución se construye ladrillo a ladrillo. No es gratuita ni brota de la noche a la mañana. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se creó en 1983 durante el régimen de facto de Oscar Mejía Víctores, conformado por abogados probos y de trayectoria, con el fin de dar certeza en las primeras elecciones que supervisó para integrar la Asamblea Nacional Constituyente.
Aquellos magistrados construyeron una base institucional sólida que durante las siguientes décadas dieron credibilidad a los procesos electorales. Su primer presidente fue Arturo Herbruger, acompañado por los magistrados Justo Rufino Morales Merlos, Gonzalo Menéndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y René Búcaro Salaverría.
Luego, la institución adquiere carácter constitucional y empieza a escribir historia. A pesar de la forma de elección imperfecta creada en la Carta Magna por medio de las comisiones de postulación, las siguientes magistraturas siguieron los pasos de la primera y los procesos electorales tuvieron credibilidad ante la población, pues predominaba la independencia institucional y se veía transparencia en cada una de las elecciones que se sucedían.
Hasta la fecha persiste básicamente el sistema de controles creado por aquellos magistrados, aunque lógicamente se ha ido introduciendo y aprovechando la tecnología para hacer más eficiente el escrutinio y tener pronto los resultados, evitando la sombra de un fraude.
En la medida en que el sistema político aprendió a manipular las comisiones de postulación aumentó el riesgo de que se perdiera la independencia. Aún la anterior magistratura, aunque con algunas dudas, mantuvo el esquema y no hubo denuncia de anomalías serias. Se podría decir que se respetó la independencia del organismo rector electoral, aunque hay que reconocer que el sistema político ya estaba completamente corrompido.
Sin embargo, vino la debacle institucional iniciada durante la administración de Jimmy Morales y concluida por la actual, del presidente Alejandro Giammattei. Esta vez ha sido descarada la forma en que se ha cooptado todo el sistema legal del país, incluyendo el TSE, con el riesgo que ello trae para la democracia.
Construir credibilidad lleva tiempo, esfuerzo y, por supuesto, acciones concretas y transparentes. Por eso se creía en el TSE que, sin ser perfecto, hacía el trabajo que se requería para que no se dieran conflictos ni existieran dudas en torno al resultado electoral.
Esta magistratura del TSE ha sido totalmente diferente a las anteriores, muy lejos de la transparencia que tuvieron siempre aquellos dignos servidores públicos que integraron las primeras.
Construir cuesta, pero destruir es bastante más fácil. Eso es lo que estamos viendo en esta ocasión, con un TSE que ya era opaco en la contratación de servicios, bienes y hasta personal. Desde un inicio ha demostrado su dependencia del poder político y lo ha ratificado al actuar en contra de opositores en la inscripción de candidatos, favoreciendo a otras, aunque tuvieran impedimento constitucional para participar…
Las dudas sobre su transparencia se han expuesto públicamente por parte de los grupos de observación electoral independientes –porque los hay afines al oficialismo–, los que han visto sesgo en sus resoluciones sobre inscripción o no de candidaturas, pero también advierten sobre la manipulación de las Juntas Electorales Departamentales (JED), que han sido infiltradas por políticos de diferentes corrientes cercanas al oficialismo, lo que representa un peligro abrumador en el manejo de la información sobre la votación.
También se ha comprado un sistema de cómputo que tiene dudosa reputación, además de un multimillonario sobrecosto (¿corrupción o pago por un trabajo “especial”?), todo lo cual crea una nube de dudas sobre lo que puede suceder antes, durante y después del día de la votación.
Tratan de lavarse la cara con el promocionado “Pacto de paz” que suscribieron 27 partidos políticos, pero en realidad el temor ante posibles vicios va en aumento, sin que haya siquiera una cara creíble entre los magistrados. Por cierto, al menos dos de ellos llegaron al cargo por medio de acciones ilegales –falsificación de documentos–, algo que el MP, también plegado al oficialismo, no quiso investigar, a pesar de la gravedad de la denuncia.
Ahora intentan presentarse como una institución inmaculada y pretenden tapar sus acciones cuestionables con cortinas de humo para engañar a la población. Sin embargo, el Sol no se tapa con un dedo y la verdad salta a la vista.