El 14 de abril pasado, los magistrados Gustavo Dubón, Roaldo Chávez Pérez y Eduardo Galván Casasola otorgaron arresto domiciliario al militar Walfre Estrada Girón –capturado en 2010 cuando transportaba un kilo de cocaína. Estrada Girón fue jefe del Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional y ahora está acusado de tráfico y comercio de drogas. Estos mismos magistrados negaron la petición de la defensa de la exfiscal Virginia Laparra para que se revisan las medidas sustitutivas propuestas. Dos días antes, la jueza Carmen Acú Recinos, del juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, con abuso de autoridad e intimidación acusó a los medios de comunicación de “tergiversar la verdad en contra del aparato de justicia,” basándose en la crítica que existe al sistema de justicia que está al servicio de las mafias nacionales e internacionales para justificar el encarcelamiento de Laparra argumentando peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad.
Los argumentos de Acú Recinos encajan con el patrón nacional que emanan del ejecutivo a las demás ramas del gobierno de intimidar y callar a la prensa, a los medios de comunicación independientes, a periodistas y columnistas críticos al sistema putrefacto en el que Guatemala se debate actualmente. Sus declaraciones en el juzgado encajan con la de los representantes corruptos envalentonados y convertidos en los entes acusadores, que dejan claro que no solo vigilan a quienes emiten opiniones críticas, sino que, además, mientras más crítica exista más será afectada la exfiscal Laparra. Esta no es la primera vez que Acú ataca a los medios. En enero de este año, la jueza declaró el caso de Laparra bajo reserva argumentando que la presencia de prensa “vulnera los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.
La estrategia de negar acceso a las audiencias a la presa e intentar operar a través de una ley mordaza busca sustentar un sistema de justicia que operaría como los tribunales de Fuero Especial de la época de Efraín Ríos Montt, cuando las audiencias eran secretas y donde ni los acusados ni los abogados defensores sabían quién era el juez. La actitud contra los medios es también similar a la época de ese régimen, cuando en junio de 1982, Ríos Montt ordenó que toda información oficial debía ser centralizada en la Secretaría de Relaciones Públicas y prohibió la publicación en los medios de cualquier información relacionada a violencia y/o subversión que no proveyera de fuentes oficiales del gobierno.
Hoy la justicia y los jueces se encuentran nuevamente al servicio de criminales, sin embargo, la historia sentará las bases y las conciencias para documentar sobre los actuales togados criminales, quienes no podrán escapar de la historia crítica, porque allí no es fácil borrar sus actos y menos sus sentencias.