Cuando elPeriódico destapó la famosa trama rusa en abril de 2021, principió a diseñarse el camino a seguir que tomarían las autoridades judiciales, con el fin de asegurar que nunca más pudiera suceder algo así y que los implicados recibieran un escarmiento ejemplar, con el fin de que otros pasaran de actuar en contra del grupo de poder que domina el país.
Desde entonces, el maquiavélico plan se ha ido estructurando y cumpliendo a cabalidad. La primera víctima fue el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien obtuvo muchas pistas en torno a un posible delito que podía involucrar a las más altas autoridades, incluyendo al propio presidente Alejandro Giammattei. La fiscal general, Consuelo Porras, se encontró con un fiscal que estaba dispuesto a correr riesgos por cumplir con su deber.
El mandatario nunca supo explicar a qué llegó aquel grupo de misteriosos rusos para hablar con él en secreto y protegidos por la oscuridad de la noche.
Aunque hubo un testigo presencial, tal como publicó este diario en su oportunidad, el caso fue prácticamente cerrado de manera forzada. Poco después, en julio de ese año, la cabeza de Sandoval caía, el caso no iba a más, pero marcaba el inicio de una desenfrenada persecución que se enfocaría en todos los operadores de justicia independientes que alguna vez trabajaron casos anticorrupción o los delicados procesos sobre brutales violaciones a los Derechos Humanos cometidos por exmilitares durante el conflicto armado interno.
Sobre esos casos se informó siempre en elPeriódico, un medio comprometido en la lucha anticorrupción, como lo demuestran las cientos y cientos de investigaciones que se han publicado durante todos los gobiernos que han transitado por el poder desde el 6 de noviembre de 1996, cuando este diario circuló por primera vez, con el único compromiso de servir al país y a sus lectores.
En 2021 se llevaba a cabo una lenta cooptación del sector justicia, pero a partir de ese momento, la decisión fue tajante y no se retardó más. Desde entonces se actúa con fuerza y determinación, con poca preocupación por las formas.
El desgaste institucional se hizo notorio. La fiscal general Consuelo Porras fue incluida en la llamada Lista Engel, reservada para personas que son calificadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como antidemocráticos y corruptos. Luego le siguió en dicha lista el fiscal Rafael Curruchiche, quien llegó a sustituir al defenestrado Sandoval. La tarea encomendada al nuevo jefe de la FECI y a la Fundación Contra el Terrorismo, fue el acoso y persecución de todos los considerados opositores al régimen autoritario.
En la actualidad se ha visto la saña e ilegalidades con que se actúa en dos casos simbólicos: la exfiscal Virginia Laparra y el periodista José Rubén Zamora Marroquín. A ellos se les aplica todo el peso de la ley y se montan casos en su contra, con el fin de darles un castigo que sea ejemplar para sus colegas.
El número de exmiembros de la FECI, exjueces, operadores de justicia y periodistas que han tenido que salir al exilio para no ser encarcelados crece cada mes desde aquella fecha.
La lista de casos paradigmáticos de hechos de corrupción que nunca se han investigado es interminable. En realidad, es una vulgar obstrucción a la auténtica justicia. Se habla que Guatemala es uno de los países más corruptos de Latinoamérica, pero no hay funcionarios investigados, mucho menos perseguidos. En cambio, se persigue a quienes se atreven denunciar la corruptela o intentan hacer cumplir las leyes y combatir las estructuras criminales incrustadas en el Estado.
Se dice que varios dictadores latinoamericanos han repetido la frase que dice: Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Eso es lo que vivimos a diario en Guatemala.
Los funcionarios que dan su parte a quien corresponde en el entramado de corrupción no tienen problemas con el MP, pero a quienes denuncian o combaten a los corruptos se vuelven un blanco del ente que tiene el monopolio de la persecución penal.
Esta semana hay mucho movimiento entre bambalinas. Tratarán de presentar el juicio contra José Rubén Zamora, fijado a partir del 2 de mayo, como la victoria de los honestos sobre los delincuentes, cuando en realidad no es más que otra vendetta de las mafias contra sus descubridores.