En Guatemala la institucionalidad pública esta desvencijada, paticoja y nutrida de funcionarios no idóneos. Problema que se ha ido agudizando de gobierno a gobierno. Llegando al sumun con el cómico Morales y el actual; los ejemplos son ampliamente conocidos. Citaré acá el que me parece una vergüenza nacional y burla a la tutelaridad de los derechos humanos, de cuyo cumplimiento presumen estos gobiernos demagógicos. El resultado de aquella especie de maldición, que nos persigue como sociedad, es abultadamente evidente: festinada forma de malbaratar fondos públicos, inoperancia institucional, corrupción. Cero resultados. Con cauda de desnutrición, desempleo, educación y salud precarias. Alto número de presos eternos.
Una de aquellas ofensas al pueblo de Guatemala y en particular a la comunidad democrática nacional e internacional, fue la burlesca elección, por el “inmaculado” Congreso de la República, de los Relatores Titulares en contra de la tortura. Evento que, en el paroxismo de la burla, que vive el país, se eligió al señor Lesther Castellanos Rodas, quien, en su hoja de vida, publicada por la oficina en mención: no tiene ni una sola acción o estudios en favor de los derechos humanos, mucho menos en contra de la tortura. Su nombre saltó a la prensa nacional, por haber sido sometido a proceso penal, por delitos que se le endilgaron en el ejercicio de su cargo de Juez. Cabe recordar que aquella oficina, tiene por Misión: “Prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Acá, precisamente, el mundo bizarro de la institucionalidad pública y la reiteración de escasa calidad y legitimidad del funcionariado. El aludido –ahora presidente relator– de la rimbombante Comisión “anti tortura”, ha dedicado tiempo, esfuerzo y los servicios de una Abogada de aquella oficina, (ignoro quién paga los honorarios de la letrada) en la nefasta tarea de mantener prisionera –tengo entendido que en bartolina– a la señora Virginia Laparra, atajando cualquier posibilidad de medida sustitutiva a la jurista y pretendiendo se le condene, por hechos, que a mi entender no son constitutivos de delito, “haber denunciado al mismo Lesther Castellanos Rodas”, por actos presumiblemente delictuosos en su función de Juez.
Goza don Lesther del apoyo de otros abogados vinculados a los poderes públicos en su propósito de mantener encerrada a Virginia Laparra. Procurando –incluso– limitar la información sobre las incidencias del proceso. Virginia es madre de familia, de abono y arraigo, y cuyos “delitos” –en su caso– no son de tal gravedad, que amerite su encierro. Sin duda: trato cruel o infamante. Como se dijo siglos atrás: cosas veredes.