El 26 de mayo la Universidad Central de Venezuela realizará elecciones para escoger a sus autoridades. Se llevarán a cabo aplicando un “Reglamento Transitorio” aprobado por el Consejo Universitario y logrado mediante un misterioso acuerdo. Casi 15 años han transcurrido sin elecciones y con las mismas autoridades universitarias. Los intereses políticos y las conveniencias de algunos grupos y personas, privaron sobre las instituciones y desconocieron, uno de los pilares básicos de la democracia: la alternabilidad en los cargos. Esto, aunado al fracaso de las políticas económicas del gobierno, la aparición de la pandemia de COVID 19 y la reducción significativa del presupuesto asignado a las universidades, nos condujo al lamentable estado actual de las universidades autónomas: pérdida de su autonomía, grave deterioro de la planta física, deserción importante de estudiantes y profesores, desmantelamiento de laboratorios docentes y de investigación, inseguridad, salarios irrisorios y desaparición del liderazgo universitario. El proceso de desintegración ha ocurrido ante nuestros ojos y las instancias gubernamentales actúan en abierta contradicción con las disposiciones legales vigentes: Ley de Universidades (Art. 13) y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art.109). El gobierno, con la aprobación de la Ley de Educación Superior, introdujo la norma del “Estado Docente”, otorgando al Ejecutivo Nacional competencias para controlar a las universidades y limitar su autonomía. Esta conducta oficial, induce a pensar que el gobierno no cree que las universidades públicas autónomas son el instrumento del Estado para formar profesionales competentes y generar conocimientos indispensables para el desarrollo y progreso de la nación. Al contrario, el trato ha sido agredir y negar los recursos económicos necesarios para que la universidad pública y autónoma cumpla con la función que le está encomendada por la Constitución de la República. Creó un sistema paralelo de educación superior oficialista, ideologizado y dirigido por autoridades designadas, con un costo cercano a los 40.000 M de dólares. Los rectores designados a dedo por el gobierno, le garantizaron, una amplia mayoría en el Consejo Nacional de Universidades, máxima instancia de decisión en materia de educación superior.