La administración del presidente Alejandro Giammattei ha demostrado ser una de las más permeadas por la corrupción en diferentes niveles y en casi todas las dependencias gubernamentales, por lo que poco se puede confiar en que la transparencia será el estandarte que se utilice para el control y mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla, desde hoy administrada por las autoridades del ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
El primer peligro a la vista es que el CIV es una de las carteras en donde se observan más negocios turbios, tráfico de influencias y corrupción galopante que, aunque no se investiga por parte de las autoridades del Ministerio Público, son objeto de constantes publicaciones por parte de la prensa independiente, elPeriódico, incluido.
Esta autopista fue administrada por la firma internacional Marnhos por 25 años, cobrando peaje para generar utilidades y darle el mantenimiento adecuado al tramo carretero, con regalías miserables para el Estado. Ahora será el CIV el encargado de dar mantenimiento y no se hará ningún cobro por el peaje, según el acuerdo gubernativo que se publicó al anunciar que había terminado la concesión, considerada por muchos como un mal negocio para el Estado de Guatemala, tomando en cuenta que se le dio a la compañía la carretera que fue construida con fondos estatales, lo que representó un negocio con cero riesgo e inversión inmediata, aunque años después, cuando ya había acumulado fuerte flujo de dinero, tuvo que construir un tramo parcial de la ruta Escuintla-Puerto Quetzal.
En las primeras declaraciones que han dado diferentes funcionarios del CIV, se habla de crear nuevas plazas, del gasto de mantenimiento programado –que siempre se dedica a empresas amigas– y hasta la inmediata compra en medidores de velocidad, entre otros negocios que irán apareciendo paulatinamente.
La ventaja es que, al menos, los usuarios no tendrán que pagar por el uso de la carretera, lo que supone que no habrá fondos millonarios sin control en el bolsillo de los funcionarios.
El temor de quienes utilizan cotidianamente ese recorrido entre las localidades de Palín y Escuintla, para luego dirigirse hacia la costa sur o la región más suroccidental hasta la frontera con México, es que, como sucede con la mayoría de los servicios del Estado, le suceda al tramo carretero lo que se ha visto en la mayoría de las rutas importantes del país, casi todas en pésimo estado y con un mantenimiento de mala calidad y sobrevalorado, cuando llega a producirse.
A partir de ahora será importante la fiscalización de todo lo que se haga y deje de hacer con este importante tramo de la red vial nacional. Es una lástima que, sabiendo que el plazo expiraba, no se hizo un plan con alcance y visión de futuro, sino que las autoridades se han conformado con recibir la autopista y sus instalaciones y tomar algunas medidas normales para el manejo por medio del CIV.
El sector privado, que trata desde hace tiempo de impulsar las inversiones público-privadas, poco y tarde intervino, porque se pudo haber planteado algo más ambicioso y con mejores beneficios para la intercomunicación de esa importante región.
Al parecer, no llegaron más que a pensar en que se diera nuevamente en concesión, sin tener que arriesgar en inversión.
Una lección más que no ha servido para aprender.