Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.