Para Andres Manuel Lopez Obrador, presidente de México, el operativo de captura por parte del gobierno de una de las vías férreas de mayor significación comercial en el país perteneciente al Grupo México significó la reposesión de algo que era del estado. Según este criterio la enmienda constitucional de 1995 que dio origen a leyes marco para regir la privatizando los servicios de ferrocarriles del estado no existen y por tanto el gobierno puede hacer uso de activos que son de su propiedad. Al intervenir la Corte Suprema de Justicia México en el sentido de declarar la nulidad de la medida, el presidente de México se limitó a decir que reconocería una compensación pero que esta de ninguna manera involucraría un pago de efectivo. La decisión lanza al limbo otras notorias propiedades privadas que otrora fuesen monopolios estatales como es el caso de las carreteras y autopistas y las telecomunicaciones hoy desarrolladas por la empresa Telmex, propiedad de Carlos Slim.