En elPeriódico sostenemos que fuerzas oscuras se han apoderado de las instituciones en Guatemala, que la justicia ha perdido totalmente su independencia y que los derechos ciudadanos dependen del puño que detenta todo el poder e impide el pleno goce de las libertades, todas garantizadas por la Constitución, pero hoy tristemente mancilladas.
El presidente de este medio, periodista José Rubén Zamora Marroquín, fue capturado hace poco más de diez meses, acusado de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, producto de un montaje del Ministerio Público (MP), punta de lanza de esos poderos oscuros, que tienen además a la Fundación Contra el Terrorismo (fundaterror), como sabueso enfurecido y entrenado para perseguir y destrozar a las prensas.
En un Estado de Derecho, en donde se respeten las leyes, la presunción de inocencia y la justicia es independiente, el caso contra Zamora Marroquín se hubiera caído en las primeras audiencias, principalmente por la falta de consistencia de las pruebas y lo burdo de la acusación, pero también porque se habrían tomado en cuenta los argumentos y pruebas de descargo del acusado.
En el estado de injusticia que se vive en la actualidad, el MP y fundaterror, socios en la acusación, se han coligado con jueces para impedir la defensa del periodista y hacer ver a la opinión pública como si fuera un delito penal, cuando en realidad es una vendetta en contra de Zamora y elPeriódico por la lucha contra la corrupción que este medio ha librado desde primer día que circuló, el 6 de noviembre de 1996.
El juicio que hoy principia se parecerá más a un proceso de la época de la inquisición que a lo que ahora se espera de las democracias modernas, en donde la justicia no responde al poder político ni a ningún otro y los jueces pueden impartirla con independencia, de acuerdo con su real saber y entender.
En aquellos juicios de la inquisición no había debido proceso ni se respetaba la presunción de inocencia. En la actualidad, bajo dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua, tampoco se aplican las leyes de un estado democrático, sino que se retuerce la legislación para castigar con fuerza y de manera ejemplar a opositores y enemigos del régimen.
El recorrido de este proceso de inquisición ha sido dramático. Desde el momento de su captura, se dio a Zamora Marroquín el trato de un peligroso delincuente. En las audiencias guiadas por el juez Freddy Orellana se pudo comprobar que el libreto estaba escrito: todo para el MP y fundaterror, nada para la defensa.
En una de esas audiencias se produce la primera intimidación del juez en contra de los abogados de Zamora y pronto pierde a su primer equipo de defensa, un trato que se repetiría de diversa forma hasta lograr, tras la renuncia de los siguientes dos equipos de abogados, que el periodista tuviera que aceptar abogados del Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP).
Eso no ha sido todo. A sus testigos los convirtieron en acusados y los obligan a convertirse en parte de la acusación. Las pruebas para demostrar que el dinero no es de procedencia ilegítima –que es lo que lo haría dinero sucio– tampoco las aceptaron para que puedan ser presentadas en el juicio. En pocas palabras, el acusado llega sin posibilidad de presentar pruebas de descargo y con un equipo de abogados que se ha tenido que sumar a última hora. Pero eso no es suficiente: las partes de la injusticia están listas para actuar al unísono. El resumen, las posibilidades de defensa de la víctima –él se considera preso político– son poco menos que mínimas, mientras que el peso de la parte acusadora, aunque se basa en falacias, es enorme.
La estrategia del MP y fundaterror no se enfocará nada más en tratar de defender sus débiles y hasta ilegales pruebas –grabaciones que no cumplen con los requisitos de ley–, sino se enfocarán, en buena medida, en tratar de desprestigiar al acusado, con señalamientos que nada tienen que ver con el proceso, pero sirven a sus intereses publicitarios. Claro, para esto deben contar con la venia del señor juez, aunque ya en el pasado sucedió.
Es importante destacar que el juicio no es solo contra José Rubén Zamora. El juicio es también contra la libertad de prensa, contra los periodistas y medios independientes, a los que se quiere enviar un mensaje. No importa que el artículo 35 de la Constitución sea tajante, no importa que exista una Ley de Emisión del Pensamiento que garantiza el derecho a informar y ser informado. Se trata de demostrar a quienes denuncian la corrupción y la impunidad, que ese tipo de acciones se pagan con la libertad.
Hoy puede ser José Rubén Zamora, pero mañana será otro periodista. Hoy se acosa e intimida a elPeriódico, pero mañana será otro medio de prensa independiente.
La inquisición castigaba a los herejes y el mensaje llegaba a todo el mundo. Hoy, la justicia del pacto de corruptos quiere enviar su mensaje. La sentencia está escrita, aunque el linchamiento está apenas por comenzar.