La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena que supera los 40 años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza número 21 de la macrocausa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, el proyecto ‘Wine’, un presunto espionaje al constructor Luis del Rivero para frenar una alianza que su empresa, Sacyr, fraguaba con Pemex a fin de avanzar sobre el accionariado de la petrolera española, en 2011 y 2012. En esta pieza llegaron a estar investigadas Repsol y Caixabank en calidad de personas jurídicas y sus presidentes en el momento de los hechos, Isidro Fainé y Rafael Brufau, pero fueron exonerados por falta de indicios de que supieran nada acerca de que sus jefes de seguridad hubiesen recurrido a Villarejo, en una decisión que avaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El reproche se dirige así únicamente contra el comisario y el que fue abogado de sus empresas, Rafael Redondo, para el que Anticorrupción pide 30 años de cárcel; así como el exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, que afronta 28 años de prisión y el exdirectivo de la compañía Rafael Girona, que se enfrenta a 21 años. Asimismo, se acusa de cohecho y revelación al exjefe de Seguridad de Caixabank, Miguel Ángel Rancaño, con otros 21 años de petición de cárcel. Los hechos se remontan al año 2011, cuando, según relata la Fiscalía Anticorrupción, el grupo mexicano Pemex y Sacyr Vallhermoso, accionistas de Repsol, alcanzaron un acuerdo que les iba a permitir «controlar sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) un 29,8% del capital de Repsol», casi un tercio, «con las consecuencias que de ello se derivaban para los directivos de la compañía y para Caixabank, accionista de referencia». Para hacer frente a esta situación, -expone la Fiscalía- «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas, una de las cuales fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona».