La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) gana por tercera vez las elecciones sindicales en la Administración del Estado. Renueva, así, su liderazgo en el sector público en los comicios celebrados el 20 de junio, en los que obtuvo un 25,5% de representatividad. De esta manera, CSIF vuelve a quedar por delante de UGT (19%) y CC.OO. (16%) en las elecciones sindicales, para mantenerse como primera fuerza en el Administración estatal en la suma tanto de personal funcionario como de personal laboral. Por su parte, USO se queda fuera de las mesas de negociación por no alcanzar el mínimo exigido de representatividad. Noticia Relacionada estandar Si La Inspección de Trabajo se planta y para las campañas estrella de Yolanda Díaz Susana Alcelay Denuncian que la vicepresidenta ha incumplido el compromiso de aumentar la plantilla y reformar la estructura, y ya calientan la huelga de tres días convocada entre el 26 y el 30 «CSIF agradece el respaldo obtenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, y reitera su firme voluntad de seguir defendiendo mejoras laborales y de los servicios en las administraciones», ha indicado la central en un comunicado. Con estos resultados, el sindicato ha aprovechado para lanzar una hoja de ruta para los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 23 de julio con «12 ejes fundamentales» . Estos ejes son variados para una mejora de las condiciones de trabajo en la Administración del Estado. Reclaman una revisión del acuerdo salarial y equiparación salarial entre administraciones; la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales; el desarrollo efectivo del teletrabajo; una regulación de la jubilación parcial anticipada en personal funcionario, estatutario y aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda; y una mejora de las pensiones del Régimen General de Clases Pasivas y mayor financiación para las mutualidades. Asimismo, en la hoja de ruta también se incluyen demandas como actualizar dietas e indemnizaciones por residencia; adecuar los grupos profesionales; profesionalizar la administración y garantizar su independencia; garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7% del PIB; acabar con la brecha salarial y desarrollar protocolos específicos de acoso sexual o por razón de sexo; desarrollar la carrera profesional; y un plan de recursos humanos frente a las jubilaciones.