El Gobierno y los sindicatos alcanzaron recientemente un acuerdo para sacar adelante el Estatuto del Becario en una aprobación ‘in extremis’ que demandaría de una rápida conclusión del decreto ley que recoge el texto legal con la nueva normativa que regulará la actividad de los alumnos en las empresas , una aprobación en Consejo de Ministros, y una posterior convalidación del texto en el Congreso de los Diputados a través de la escueta votación arrogada a los miembros de la Diputación Permanente. Sin embargo, dos circunstancias cohabitan en este momento que podría complicar ese camino marcado para la aprobación de la ley. De entrada, la maniobra de acelerar el acuerdo a días contados de la celebración de las elecciones del 23J ha soliviantado a parte de los socios de la coalición del Gobierno , cuyo apoyo sería necesario para la eventual puesta en marcha de la medida. Por otro lado, el punto que ha venido complicando las negociaciones, la limitación de las prácticas extracurriculares, no convence a las partes en esta última versión que sólo cuenta con el apoyo de los sindicatos. Ni la patronal y ni las universidades apoyan el texto. Noticias Relacionadas estandar No Las universidades deberán vigilar que los becarios no exceden el límite de horas de prácticas en la empresa Gonzalo D. Velarde estandar Si El 23J complica la continuidad del ‘escudo social’ de Sánchez Susana Alcelay Si ese descontento con la última limitación expresada en el borrador del decreto no colma las expectativas de los socios de la coalición, ya escépticos con el escaparate preelectoral en que se expone la aprobación de una de las cuentas que le quedaban pendientes al Ministerio de Trabajo dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, finalmente el Estatuto del Becario podría no hacerse realidad en las postrimerías de esta legislatura, quedando colgado hasta ver la postura que adopta el futuro Gobierno sobre esta medida. Prácticas voluntarias Aunque las negociaciones para articular el texto legal cumplen ya más de un año desde que arrancasen, es el punto de las prácticas extracurriculares -aquellas que realiza el alumno con carácter voluntario al no ser obligatorias por no estar sujetas al itinerario formativo- el que ha descabalgado las negociaciones hasta tal punto que el Gobierno llegó a un acuerdo con los sindicatos allá por octubre de 2022 al sondear el rechazo de la patronal y las universidades. Luego, con el pacto sellado, se volvió a abrir la mesa para lograr un ‘gran’ consenso que aunase también a empresarios y rectores. Sin embargo, este estadio es al que se ha llegado hasta la pasada semana cuando UGT y CC.OO. anunciaron un acuerdo con Trabajo . Entre medias, la falta de consenso con los partidos llamados a respaldar la medida en el Congreso ha retenido la aprobación de la ley. El problema estriba en que tanto Gobierno como sindicatos denuncian que es precisamente en esas prácticas de carácter voluntario donde se produce el fraude con los becarios. Sin embargo, las empresas, que rechazan ese precepto inicial que los empleadores hacen mal uso de los alumnos en prácticas y aseguran que se trata de una vía fundamental de entrada al mercado laboral para los jóvenes al tiempo que sirve para cubrir ciertos puestos y necesidades en las compañías. Desde las universidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) advierte de que esta medida incrementará los costes empresariales al obligar a las compañías a cotizar por los alumnos en prácticas por un lado, y que también aumenta la carga administrativa para los centros universitarios que se encargan de firmar los convenios con las empresas y que ahora deberán de tener en cuenta los nuevos preceptos acordados como parte del Estatuto. El Ejecutivo planteaba eliminarlas en un plazo de tres años, sin embargo, en la última versión del decreto se modulaba la limitación de este tipo de formación en el ámbito empresarial, se reducían al 15% del tiempo del total de créditos de la titulación y un máximo de 480 horas por curso . Régimen sancionador Además, el Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros. Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones , jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo. MÁS INFORMACIÓN El Gobierno quiere eliminar en tres años las prácticas voluntarias de los becarios en empresas Trabajo permitirá a cada autónomo contar con hasta dos becarios en el negocio También serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.