Ha sido una noche caótica para Guatemala . Luego de que, tras una demora de 17 días, finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializara los resultados de las elecciones guatemaltecas del pasado 25 de junio y comunicara que el próximo 20 de agosto se llevará a cabo una segunda vuelta por la presidencia del país entre los candidatos Sandra Torres (UNE) y Bernardo Arévalo (Semilla), un juez ha ordenado la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla y ha puesto en jaque su participación. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha revelado un supuesto caso de corrupción que involucraría la partido de centroizquierda , que ha dado la sorpresa en estos comicios al posicionarse en la segunda vuelta presidencial y consolidarse como la tercera fuerza política en el Congreso de la República para el periodo de 2024-2028. Ha sido el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Freddy Orellana, quien ha ordenado la cancelación del partido. Es el mismo juzgado que persiguió y encarceló al periodista José Rubén Zamora, una de las voces más críticas contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. El encarcelamiento contra Zamora y las presiones del gobierno provocaron el cierre y quiebra del diario elPeriódico, otro de los referentes de la libertad de prensa e investigación periodística del país. El caso Según ha comunicado Rafael Curruchiche, jefe de la FECI en un video publicado en redes sociales, el caso se basa en un denunciante que en mayo de 2022 manifestó haber sido adherido ilegalmente al partido Semilla. La fiscalía investigó y concluyó que su firma y letra habían sido falsificadas y que no habría sido el único. «Existen indicios de que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma», aseguró Curruchiche. Además, el fiscal ha señalado de que existen indicios de que más de 5 mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente a la agrupación política falsificando su letra y firma. La investigación, además, establece que para la formación del partido fueron inscritas 12 personas fallecidas, y que existen firmas sin nombres y hojas alteradas. Sin embargo, analistas políticos ven la acusación con desconfianza. Primero, por el momento político en que sucede; justo cuando el partido Semilla y Bernardo Arévalo han sido confirmados para disputar el balotaje por la presidencia contra Sandra Torres, la exprimera dama de la nación que ha participado por la presidencia y perdido en dos ocasiones, en 2015 y en 2019. Y segundo, porque tanto el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras y la FECI de Curruchiche no cuentan con buena reputación. Además de ser conocidos aliados a la presidencia de Alejandro Giammattei , cuyo gobierno goza de apenas el 3% de aprobación según la última medición de la encuestadora CID Gallup, ambos han sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como «actores corruptos». Sus nombres aparecen en la sección 353 del informe conocido como «Lista Engel», sobre las personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, y obstrucción de investigaciones sobre corrupción, a criterio de Estados Unidos. Un recurso ilegal Por otra parte, la exfiscal general Claudia Paz y Paz y el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas , consideran que la denuncia penal es ilegal, de acuerdo con sus pronunciamientos en redes sociales. Los partidos al balotaje no pueden ser suspendidos por un juez del rango penal, como el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que «no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado». Además, el único ente competente para conocer la cancelación o suspensión de partidos políticos es el Registro de Ciudadanos del TSE y no un juez de rango penal, de acuerdo con el artículo 155, inciso F, de la misma ley. Esto significa que no solo la orden del juez es ilegal, pero que incluso los implicados en esta denuncia podrían enfrentar un proceso penal por atentar contra el proceso democrático y procurar someter al pueblo contra su voluntad. Organizaciones civiles, estudiantes universitarios, cámaras empresariales e instituciones académicas y religiosas se han pronunciado en contra del caso de la FECI y a favor de la democracia guatemalteca. Al cierre de esta nota, decenas de personas se concentraban frente a la sede del TSE mientras por redes sociales circulan convocatorias a manifestaciones pacíficas a partir de este jueves 13 de julio hasta que la situación se dilucide a favor del proceso democrático. En declaraciones al medio de comunicación Con Criterio, el anterior jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval , que se encuentra exiliado en Washington por persecución en su contra por parte del Ministerio Público, no ha descartado que «es posible, aunque ilegal», que la fiscalía consiga suspender al partido y que Arévalo no pueda competir en la segunda vuelta presidencial. Un hecho que no tiene precedentes en la era democrática del país.