El gobierno de Ortega confiscó en la noche del sábado la residencia Villa del Carmen donde vivían los jesuitas que trabajaban en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua , también expropiada esta semana bajo el pretexto de ser «un centro de terrorismo», «atentar contra el orden constitucional» y «haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense». «La Policía nicaragüense se presentó junto a miembros del poder Judicial en la vivienda de los jesuitas para exigir su desalojo argumentando que esa vivienda es también propiedad del Estado de Nicaragua», ha revelado la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús a través de un comunicado. Los seis sacerdotes trataron de impedir el traslado mostrando las escrituras del inmueble, propiedad de la Compañía de Jesús y no de la UCA, «sin embargo los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa». Tras recoger aprisa algunos de sus objetos personales, según informaciones de la prensa opositora, los sacerdotes se han trasladado a la Comunidad San Ignacio, dependiente del Colegio Centroamérica, también en Managua. En su comunicado, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que tiene sede en El Salvador, «condena este atropello y manifiesta su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos». Noticia Relacionada estandar Si Daniel Ortega confisca la libertad de pensamiento en Nicaragua Edith Pineda El régimen nicaragüense acusa a los jesuitas de la Universidad Centroamericana de «terrorismo» El gobierno de Ortega llevaba un año planeando la expropiación de la UCA de Managua, ahora renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, un dirigente estudiantil que se enfrentó al dictador Anastasio Somoza y cuyo nombre aprovecha ahora el régimen. Ya en marzo de 2022 excluyó al centro ligado a los jesuitas de las subvenciones a la educación dependientes del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación para estrangularlo económicamente. Según otro comunicado revelado esta semana por la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, al abrir sus puertas a 20.000 manifestantes en mayo de 2018 en «defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas policiales y parapoliciales, la UCA ha sido objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento».