En Venezuela, durante muchos años ha ido mermando la libertad de disposición de las viviendas en propiedad privada, en especial las dedicadas al arrendamiento que aportan a la sociedad la solucion de hogar a muchas familias. Esta colaboración sin saberlo le hizo daño a la nación, ya que sin intención no dejo que los politicos pudieran darse cuenta, ver, palpar o sentir el drama de la demanda existente y mucho menos la creciente. Estos politiqueros y/o de formación socialista que no conocen las leyes de oferta y demanda, trataron el problema como especulación por parte de los propietarios y no como una falta de políticas públicas de desarrollo de urbanismos y viviendas. La responsabilidad de ofertar nuevas viviendas económicas en alquiler ha sido transferida y soportada por el sector privado de una forma poco perceptible mediante leyes y decretos expoliatorios que se escudan en la justicia social; pero que violan los derechos privados endosando patrimonio privado de un grupo social a otro. Los inversionistas privados de viviendas pagan con su patrimonio el populismo y la falta de vision de futuro de los politicos.