La semana pasada escribí unas líneas alertando acerca del peligro de reducir al máximo al Estado, como propone el argentino, Javier Milei, como fórmula para superar la tragedia en que nos sumió la deplorable gestión chavo-madurista. Me apoyé en el argumento más “neutro”, menos controversial (políticamente hablando) para justificar el imprescindible rol del Estado ante una situación como la que presenta nuestro país: su responsabilidad como proveedor de bienes públicos y externalidades positivas, incluyendo la seguridad, la igualdad ante la ley y la observación de las normas del Estado de derecho, sin los cuales seguiremos sumidos en la miseria. Lejos de acabar con el Estado venezolano, habrá que reconstruirlo, devastado como está por el saqueo “revolucionario”, para que pueda asumir tan importantes funciones. Pero hay un asunto que va más allá de este argumento “neutral” de la economía positiva en torno al rol del Estado, que obligatoriamente incorpora lo normativo, es decir, los juicios de valor sobre los cuales se apoyan, implícita o explícitamente, muchas decisiones de política. Es propio de los criterios usados para definir lo que se entiende como justicia social y el rol que le toca jugar el Estado al respecto.