La primera toma de contacto mantenida por los agentes sociales con el Gobierno para abordar la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas en un plazo de dos años sirvió para poner negro sobre blanco las complejidades que entraña implantar la medida en la totalidad del tejido productivo español. Y más allá, el Ejecutivo ya cuenta con un primer pulso de las vías de negociación que pueden resultar en un consenso, del que a la vista de las posturas iniciales parece difícil que participe la patronal. Tal y como explicaba al término de la reunión el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro mantenido este jueves en la sede del Ministerio con los representantes de empresarios y sindicatos, tal es la complejidad que rodea a la medida de reducción de jornada que será el diálogo bipartito entre la patronal y los representantes de los trabajadores el que primará en elaboración de una propuesta. Por su parte, desde UGT y CC.OO. confirmaron que el nuevo modus operandi en esta mesa de negociación será diametralmente opuesto al que venía imponiendo el Ministerio de Trabajo con las últimas medidas a impulsar -como fue el caso del maltrecho decreto de reforma del subsidio por desempleo- y que serán en un foro con CEOE y Cepyme en el que se primeramente se realizará un estudio de impacto de la medida sector a sector, y teniendo en cuenta la composición de las empresas. La segunda gran baza de Díaz Cabe recordar que el Gobierno ha depositado en el seno del diálogo social hondas esperanzas de lograr consensos como ya ocurrió en la anterior legislatura como una prueba de vida de la coalición y del programa legislativo suscrito por PSOE y Sumar para los próximos cuatro. En este plano basculó el Ministerio de Trabajo en la negociación de subida de salario mínimo, donde no logró el consenso tripartito con al descolgarse las asociaciones empresariales, y es este el objetivo marcado para la negociación sobre la reducción de jornada. Si bien, como ha venido explicando este medio por fuentes de la negociación, el ‘sapo’ de la jornada laboral es más difícil de digerir si cabe que la subida del salario mínimo pues comporta para las empresas un mayor incremento de los costes laborales. Si el alza del 5% del SMI supondrá un aumento de cotizaciones a pagar por el nivel de la base mínima de unos 3.000 millones de euros, el reducir 2,5 horas el tiempo semanal de trabajo de los 21 millones de ocupados de nuestro país supondrían 64.000 millones de cargas adicionales para las empresas. Es por ello que la misma patronal ya viene planteando la necesidad de aterrizar esta materia en conversaciones bilaterales con los sindicatos y en el seno de las mesas de negociación colectiva sectoriales abiertas. Previamente a la reunión, el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya explicaba que esta sería la única forma plausible de adherir a la patronal a un eventual acuerdo en materia de reducción de jornada, por la necesidad de tener en cuentas las singularidades de los diferentes sectores.