El abogado y consultor para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas, Profesor e Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Carlos Lusverti, conversó con Julio César Camacho.
Dijo que el caso de la detención forzosa de Rocío San Miguel y varias personas cercanas a ella son uno de los excesos cometidos en Venezuela. Su detención y persecución forman parte de un espiral de violencia que debe ser investigado. El no haber dicho dónde está recluida ni ella ni sus familiares después de 48 horas es lo que lo hace más grave.
La CIDH está actuando no solo ahora, sino desde hace ya unos años cuando la Comisión de la ONU emitió el informe sobre la violación de DDHH en Venezuela. En este momento debe ser firme al denunciar lo que está ocurriendo.
Según el abogado, esto es una vuelta de tuerca más a las restricciones del espacio físico en Venezuela, un nivel más agudo de lo que padecen quienes luchan por DDHH y la democracia. Lo importante en el caso de Rocío es que es un caso más de la estrategia que se utiliza en Venezuela y expone la manipulación y el manejo del sistema judicial en Venezuela, atendiendo las garantías civiles y el debido proceso. Persiguen a las víctimas directa y personalmente utilizando el sistema judicial, generan más presión, y de esa manera, el derecho a comunicarse con abogados y especialistas, que están protegidas dentro de tratados en los que aún Venezuela es parte.
Finalmente, dijo que la opción que queda frente a un régimen que no da apertura al cumplimiento de la ley y la constitución, es cumplir el rol que la sociedad civil puede hacer: denunciar, documentar, exponer estos elementos al momento de que se realice una mesa de negociaciones, este tipo de casos sea incluido y no prescriban.
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