El pasado 6 de febrero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial emitió la decisión de un comité ‘ad hoc’ encargado de juzgar la solicitud de anulación presentada por el Gobierno de España en relación con la condena a favor de la corporación japonesa JGC Holdings, que denunció a nuestro país a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. La compañía nipona denunció a España el 22 de junio de 2015, dando pie a un largo proceso que se zanjó el 9 de noviembre de 2021, cuando se emitió la pertinente sentencia. El laudo condena a nuestro país al pago de 23,5 millones de euros , cifra a la que hay que añadir alrededor de 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas. La factura total ronda los 31 millones, según fuentes conocedoras del caso. Noticia Relacionada estandar No La Justicia británica embarga cuatro cuentas del Estado en el Instituto Cervantes de Londres por el impago a las renovables Javier González Navarro El saldo actual de esas cuentas supera los 800.000 euros El laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial concluye que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos anunciados entre 2010 y 2014, procedió a denunciar a nuestro país. Tras la publicación del laudo, España se negó a resarcir a la empresa japonesa y presentó una solicitud de anulación que ahora se viene abajo con la resolución definitiva del comité ‘ad hoc’, que certifica la plena validez de la sentencia y confirma la obligación de indemnizar a JGC Corporation según lo establecido en el laudo publicado hace algo más de dos años. España ha sufrido un total de 26 condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros. Ante los impagos reiterados de estas obligaciones , las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero. De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares. Además, está en marcha un proceso de ‘default’ técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia. Para poner fin a esta problemática, las empresas afectadas «reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia y Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago«.