Llega el principio del fin de las etiquetas ‘eco’ en los productos de consumo. Las dos últimas directivas europeas -aprobadas por la Comisión el pasado 26 de febrero- tienen un objetivo, y es el de proteger el consumidor ante declaraciones falsas sobre la sostenibilidad de los productos. El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra: este viernes comienza la consulta pública para la Ley de Consumo Sostenible, que trasladará lo establecido por Europa e irá «más allá», según aseguran fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Con esta ley el Gobierno se propone acabar con el ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’. Según el estudio de la Comisión Europea el 80% de las webs, tiendas online o anuncios llevan una alegación medioambiental. Sin embargo, el último informe disponible de la Red de Protección al consumidor alerta que el 42% de las alegaciones eran dudosas, y el 57,5% no daban información suficiente para verificar si es cierto o no. En este sentido, el Ministerio de Bustinduy ha recordado que «la publicidad verde que no tiene una base real puede ser considerada una práctica desleal por incumplir la normativa de Consumo». Es decir, el incumplimiento podría derivar en sanciones de hasta 100.000 euros, pudiendo sobrepasar las cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica. Noticia Relacionada estandar Si La falta de Presupuestos abre un agujero de 10.000 millones a las autonomías Bruno Pérez La maniobra gubernamental desactiva la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, sobre las que habían elaborado sus cuentas de 2024 La socia del área de medio ambiente de Ceca Magán Abogados, María José Rovira, explica que el foco de las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/U sobre las prácticas comerciales desleales es la protección del consumidor. «Pretende darle información clara, veraz y fundada sobre los productos que hay en el mercado», apunta. Lo que regula la norma es que, a partir de su aprobación en en los países europeos, se prohibirán las afirmaciones engañosas y sin justificación sobre la sostenibilidad de un producto. «A partir de ahora un envase no puede decir que es amigable con el medioambiente pero si puede decir que el 50% de sus materiales son reciclados. Aunque en la etiqueta no se pondrá la justificación por temas de espacio, sí habrá una verificación detrás por parte de la Oficina del Consumidor y por las autoridades. Será una especie de inspección de los productos. Muchos ponen ya el ‘eco’ como un mantra, pero ahora habrá que demostrarlo», detalla Rivera. Por su parte, Consumo ha elaborado una guía que pretende aclarar todas las dudas que surjan sobre la futura Ley de Consumo Sostenible y «proteja a las empresas que sí tienen en cuenta el respeto al medioambiente». En concreto, advierten que «hay que tener cuidado» con palabras como «verde, amigo de la naturaleza, sostenible, origen biológico o biodegradable, entre otras». Así, argumentan que aunque estos conceptos generalistas «suenan muy bien, al analizarlos no dicen nada». El correcto uso seria, por ejemplo, apuntar en el envase que en la elaboración de un producto se compensa el 25% del agua utilizada en su elaboración. Además, habría que añadir un QR donde se pueda encontrar toda la información al respecto. El cambio de etiquetas requerirá inversión desde las empresas Rivera explica que, para aplicar la norma, las compañías europeas tendrán que realizar una «gran inversión». «Toda la trazabilidad de los productos cuesta dinero ya que tendrán que demostrar de forma científica sus alegaciones. Además tendrán que explicarlo de forma que el consumidor lo entienda», añade la experta. Asimismo, asegura que aunque la nueva ley no obligará a poner en venta productos sostenibles, muchas empresas ya apuestan por esta estrategia. Luchar contra la obsolescencia programada Por otro lado, la nueva directiva europea también aborda el problema de la obsolescencia temprana de los productos. Sobre este punto de la norma, la OCU explica en una nota de prensa que «la Directiva exige que se facilite información detallada sobre duración y posibilidad de reparar sobre todos los productos antes de la compra». Asimismo, prohíbe las afirmaciones falsas sobre la duración del producto y refuerza las reparaciones. «Cuando no exista una calificación de reparabilidad a nivel de la UE, las empresas tendrán que proporcionar detalles sobre la disponibilidad de recambios, coste estimados y procedimientos para obtener los repuestos que son necesarias para que los productos sigan funcionando en buenas condiciones», resume la organización de consumidores. Las compañías también tendrán que informar a los usuarios sobre durante cuanto tiempo dispondrán de actualizaciones gratuitas. «Refuerzan que los artículos duren más. Tendrán que dar opciones de reparabilidad que amplíen el ciclo de vida de los bienes, además de dar información veraz y ofrecer recambios cuando sea posible», agrega Rivera. Por su parte, el socio de IUS+Aequitas Trial Lawyers, Tomás Villatoro, asegura que, en temas de gobernanza empresarial, la norma establece plazos más estrictos para las compañías de mayor tamaño. Especifica que, «desde el 1 de enero, las empresas de más de 500 empleados ya están sujetas a la previa directiva, que les obliga a realizar una memoria no financiera a partir del año 2025». Esto, sin embargo, también se extenderá al resto: «En 2025 llegará a las compañías con más de 250 empleados y en 2026 al resto -pymes y otras entidades de crédito y seguros con menos de 250 empleados-», concluye Villatoro.