El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar al expresidente de Banco Popular Ángel Ron por estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016. El magistrado ha dictado auto de transformación y Ron queda cada vez más cerca de sentarse en el banquillo. Junto a él, el juez propone juzgar también a otros doce directivos y a la auditora de las cuentas, PwC. En lo que respecta al último presidente del banco, Emilio Saracho, se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él, así como contra otros 20 investigados. «Toma posesión efectiva el 20 febrero de 2017, no teniendo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia. Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco», señala el auto, y añade: «No hemos podido constatar que fuera el responsable de las graves filtraciones a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular (BP)». Según recoge el magistrado, los inversores acudieron a la citada ampliación «engañados», puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio». Asimismo, señala que «dichas cuentas ocultaban un importante déficit de provisiones». El auto hace hincapié en que los responsables de Banco Popular en 2016 «alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión». El juez recoge que en las cuentas de 2015 y 2016, registradas en la CNMV, el Popular hacía «constar reiteradamente que aplicaba la Circular 4/2004 del Banco de España. Los inversores, por tanto, tenían la certeza, a través de esos informes, de que la política contable del BP era respetuosa con dicha Circular. Pero no era así». «Por otra parte, sobrevaloraba los activos adjudicados inmobiliarios y no aplicaba buena parte de los haircuts (recortes) que le imponía» la normativa contable. «En el año 2015, el BP reflejó en su cuenta de resultados un beneficio contable de unos 105 millones y en el primer trimestre de 2016 unos 93 millones de euros. Si se hubieran clasificado y dotado correctamente los créditos dudosos-clasificados como normales mediante refinanciaciones artificiales-, así como los activos adjudicados, el BP habría superado los 2.500 millones de pérdidas contables», añade la resolución respecto a las pérdidas que tendría que haber reportado la entidad por aquel entonces. El juez insiste en que el mercado y los inversores fueron engañados al no recoger los «enormes déficits de dotaciones» en las cuentas de 2015 y trimestrales de 2016, y señala también directamente a la auditora: «A ello contribuyó la colaboración consciente del auditor externo (PwC), pues no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de BP del año 2015 ni en el informe limitado respecto de los estados financieros del primer trimestre de 2016». Más allá de ello, el auto del juez Calama señala que ha quedado fuera de la investigación la actuación de los supervisores; estos son, la CNMV, el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE). «No nos compete a nosotros determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no. A otros ámbitos corresponderá ponderar si estuvieron o no a la altura de su importante misión institucional», indica. Añade también que, en todo caso, «debe quedar claro que el incumplimiento contable se produce no cuando lo ‘descubre’ el supervisor (Banco de España/BCE) y requiere de cumplimiento a la entidad, sino cuando el BP incumple la normativa contable y distorsiona sus cuentas anuales o estados financieros. Pues, los delitos se perpetran no cuando los descubre la policía sino cuando se comete el hecho prohibido por la norma». Este caso se inició en la última parte de 2017, a los pocos meses de la caída del Popular. Fue en junio de aquel año cuando se aplicó el mecanismo de resolución de la Junta Única de Resolución y se adjudicó la entidad a Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro. Durante más de seis años el caso ha permanecido en fase de instrucción y ahora avanza con este auto de transformación, después del cual la Fiscalía y las acusaciones deberán presentar sus escritos de acusación al respecto.