Los ayuntamientos echan cuentas, tuercen el gesto y dirigen su mirada al Gobierno . La reforma exprés con la que María Jesús Montero resolvió por la vía rápida la crisis abierta en octubre de 2021 por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contrario al ordenamiento español el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la plusvalía urbana, y suspendió su aplicación durante un periodo de más de dos semanas, ha abierto un agujero millonario en sus cuentas, que no están dispuestos a asumir en solitario. La solución del Ministerio de Hacienda devolvió la constitucionalidad al impuesto sobre la plusvalía urbana, como proclamó entonces la ministra, pero alumbró una nueva figura con un potencial… Ver Más