No ha pasado una semana desde que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enarbolara en el Senado un informe de la Abogacía del Estado para proclamar la primacía del deber constitucional del Gobierno de presentar unos Presupuestos sobre cualquier norma o procedimiento que lo dificultara y sustentar así su decisión de presentar las cuentas de 2024 sin contar con el preceptivo respaldo parlamentario a su senda de déficit, y el destino ha querido que lo que no consiguieron los controles parlamentarios establecidos por la legislación de estabilidad presupuestaria lo haya logrado la reacción táctica de La Moncloa a la convocatoria de elecciones en Cataluña. La renuncia del Gobierno a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024… Ver Más