El ministro de Transición Digital, José Luis Escrivá, ha entrado de lleno en el mundo de los ‘influencers’ con un real decreto que define las características de esta figura en el terreno económico. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regulará su actividad y en el que se fija, por primera vez, un umbral que les definirá a nivel legal: cuando se facturen al menos 300.000 euros anuales por su contenido en redes y tengan un millón de seguidores en una plataforma o más de dos millones en distintas plataformas, y que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año . El ministro estrecha así el cerco al sector, al menos en lo que respecta a la publicidad encubierta y a la protección de menores. La aprobación de la norma llega tras varias consultas públicas y después de que se haya rebajado el umbral inicial de facturación de los 500.000 euros planteados inicialmente por el Ejecutivo. Ahora, una vez se publique el nuevo real decreto, entrará en vigor un plazo de dos meses para que los usuarios que cumplan con estas nuevas características se inscriban en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, como ‘usuarios de especial relevancia’, un organismo que estará supervisado por la CNMC. Protección de menores El objetivo último de la nueva regulación es aumentar el control sobre la publicidad que se emite en aplicaciones de vídeo en las que difunden sus contenidos, dando así más protección a los consumidores , especialmente a los menores de edad. Así, a partir de ahora, los ‘influencers’ deberán etiquetar por edades el contenido que sea para menores y usar herramientas de identificación digital de edad si los contenidos que muestran son inapropiados. También estarán obligados, en el apartado de publicidad, a etiquetar expresamente el contenido publicitario y tendrán prohibido hacer promoción de tabaco, medicamentos y alcohol. Aquellos ‘influencers’ que incumplan estas normas deberán hacer frente a multas que van desde los 10.000 euros hasta los 1,5 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción y del nivel de facturación.