Eximir de tributación a quienes perciban hasta el SMI, protección de colectivos vulnerables, entregas a cuenta a CC.AA y ayuntamientos … El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley esta tarde que prorroga una serie de medidas tomadas para paliar los efectos económicos de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. Entre ellas, la más resonada es la inclusión del aceite de oliva entre los alimentos de primera necesidad y la consecuente reducción de su IVA -junto al resto de alimentos incluidos en esta lista- al 0%. No obstante, el Gobierno también ha incluido otras ayudas. Tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el paquete incluye la adaptación del IRPF a la subida del SMI adoptada a principios de 2024. En concreto, tal y como se anunció en febrero se trata de elevar el mínimo exento para que Hacienda no se coma el incremento del salario. Con la modificación se exime de tributación a quienes cobran menos de los 15.876 euros anuales en los que se ha situado el salario mínimo. El Ejecutivo ha realizado modificaciones en la Ley del IRPF complementarias a los cambios en el Reglamento del impuesto aprobados en febrero de este año. La aprobación del Reglamento permitió ya que durante estos cinco meses las retenciones de estos trabajadores se hayan adaptado a estas nuevas exenciones. Para no perjudicar a estos salarios mínimos se incluye el incremento de la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de 6.498 euros anuales a 7.302. Asimismo, se eleva el umbral de tributación para que los que cobren menos del SMI no tengan retenciones sobre su renta en la nómina. Sin embargo, los colectivos que se benefician por esta medida son más amplios, dada la propia progresividad del impuesto, alcanzando la mejora hasta las rentas que llegan a los 22.000 euros. Según Montero, esta rebaja del IRPF beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente son asalariados y pensionistas con rentas bajas y medias que lograrán un ahorro de 1.385 millones de euros. Según ha explicado Montero, el Decreto extiende de forma temporal los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, prorroga la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2024 y establece, con carácter indefinido, el derecho de acceso a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de propietarios. El Gobierno también ha aprobado la distribución para este año de los 154.467 millones de euros entre las comunidades autónomas de régimen común en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica, lo que supone casi 20.000 millones más que el año pasado. Además, al incluirlo en el decreto de prórroga, lo desliga también de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha anunciado Montero que ha trasladado que este aumento de recursos «puedan fortalecer la sanidad, educación y dependencia». El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.