En pleno cisma por la tentativa del Gobierno de llevar a cabo una reforma del modelo de financiación autonómica que habilite las singularidades pretendidas para Cataluña por parte de los socios nacionalistas del Ejecutivo de coalición, un nutrido grupo de expertos y economistas advirtieron este lunes en el mismo Congreso de los Diputados de los riesgos existentes sobre la maniobra que defiende el Ministerio de Hacienda. Dos son las principales advertencias que lanzan los expertos fiscales sobre la cuestión: los dos regímenes forales que ya operan en Navarra y País Vasco suponen una fuente primordial de desigualdad tributaria entre territorios y un tercer sistema para Cataluña con algún tipo de concierto resultaría económicamente inviable para el conjunto del Estado. Estas fueron algunas de las conclusiones que se extraen de las líneas generales planteadas por el Foro Económico de Galicia que presenta un estudio de alcance nacional sobre el estado de la cuestión y las recomendaciones sobre la eventual reforma del sistema de financiación autonómica bajo el título de ‘Propuestas para España: la reforma de la financiación autonómica’. En este sentido, como línea general, señalan los expertos la necesidad de ajustar el foco de la reforma señalando si el objetivo es por una mayor descentralización de los recursos y servicios o por un mejor reparto de los instrumentos necesarios para poder atender a las demandas ciudadanas de servicios que den un mayor margen de maniobra y de participación sobre las finanzas estatales a las comunidades autónomas. En este sentido, señala el doctor de Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, Xoaquín María Fernández Leiceaga , que uno de los aspectos que deberían de fundamentar la reforma del modelo debería ser la convergencia hacia un modelo homogéneo en términos del resultado financiero en los diferentes territorios de modo que se eviten situaciones perversas: «Navarra tiene 1,5 veces más recursos por habitante que la comunidad autónoma uniprovincial mejor financiada del sistema común», señalaba el también ex diputado durante su intervención en la Sala Constitucional del Congreso. «Esta asimetría genera dificultades en términos de equidad. Los resultados para las haciendas autonómicas de las regiones de régimen foral son más generosos, lo cual desborda sobre el sistema común», explicaba Leiceaga señalando que esta es la principal anomalía del sistema de financiación autonómica. «El modelo foral supone más competencias para las comunidades forales y una forma organizativa distinta. Pero sobre todo implica una diferencia con las regiones del régimen común en el plano de los ingresos. Tienen un sistema tributario propio, son capaces de recaudar todos sus tributos y tienen una participación muy limitada en la nivelación con el resto de CC.AA. pese a tener un nivel de renta muy elevado», subraya el economista. En este plano de los regímenes forales, reconocidos en la Constitución, sí que señala el catedrático de Economía la posibilidad de calcular mejor el cupo valorando las competencias no asumidas y con una mayor participación en la nivelación con el resto de comunidades, con el objetivo de que al final el resultado de este modelo se parezca al resultado del régimen común en términos de atención a las demandas de servicios públicos por parte de los ciudadanos. En este punto, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente , señalaba que más allá de las actuales deficiencias, lo que parece inviable es un tercer arreglo financiero que beneficie a Cataluña sin hacer mella en el resto del sistema de régimen común. Así, el experto aboga por una reforma del sistema en tres fases, en la que se articulara en primera instancia un fondo de compensación para la nivelación que permita elevar hasta la media actual la financiación de las regiones que están actualmente infrafinanciadas. «Tendría un coste de unos 3.000 millones», señala el experto asegurando que sería el único aporte económico que debería hacer el Estado para la reforma del modelo. También plantean desde Fedea una segunda maniobra de mejora de aspectos técnicos como el sistema de retenciones y entregas a cuenta para que las decisiones fiscales de las comunidades autónomas se trasladen rápidamente a los ciudadanos. También exponen De la Fuente la necesidad de mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos, «que se hace de forma discutible» -que además incide sobre las aportaciones a efectuar al fondo de garantía-. En este plano técnico, el otro debe estaría en regular las escalas de referencia que se utilizan para calcular la recaudación normativa. Por último, desde Fedea señalan la necesidad de alcanzar un consenso básico entre PSOE y PP para «que la reforma sea pacífica y tenga posibilidades de sobrevivir». Y advierte de la ineficacia negociadora que implica dar un poder de veto a todas las comunidades autónomas, que a fin de cuentas buscan mejorar su posición respecto al resto de regiones del territorio. «Este poder de veto hace imposible una reforma sensata del sistema», explica sobre los resortes que se van conociendo de la negociación pretendida por el Ministerio de Hacienda. De este acuerdo político debería salir a ojos de Fedea no un arreglo sobre cuantos recursos hay que dar a las regiones sino qué herramientas fiscales y competencias se reparten para que todas las administraciones tengan las herramientas necesarias para pedir a la ciudadanía los recursos necesarios para llevar a cabo sus competencias. «Que el Estado suba impuestos cada vez que sea necesaria financiación no converge», advierte De la Fuente. Señala aquí el experto que no vale una solución individual por lo que aboga por herramientas colectivas de responsabilidad fiscal, «como la aplicación de un IVA colegiado». El otro aspecto político a pactar sería el grado de liberación , es decir, «hasta qué punto queremos igualar los recursos de las comunidades autónomas para que puedan prestar servicios similares con el mismo esfuerzo fiscal». Señala el experto que para lo que no hay margen es para las reclamaciones de los partidos independentistas catalanes . «Un sistema de financiación a la carta que rompa la unidad fiscal del Estado y que permita que los territorios de renta alta se queden con el grueso del excedente fiscal que generan sus ciudadanos de renta alta supone abrir la puerta a una deriva a un sistema confederal que es poco equitativo y eficiente», señala De la Fuente asegurando que se quebrarían los principios de cohesión territorial.